FACAF alertó sobre las nuevas normativas de medicamentos de venta libre
El gobierno nacional ha publicado el Decreto 1024/2024, basado en el DNU 70/2023, que modifica el régimen de la Ley 17565. La nueva normativa permite la comercialización de medicamentos de venta libre, así como de productos relacionados con la higiene, estética y desinfección, sin la supervisión obligatoria de un farmacéutico. Esto incluye su exhibición en góndolas y su compra directa por los consumidores, sin intermediarios.
El decreto argumenta que la medida busca “proteger al consumidor”, garantizar información clara y promover la libertad de elección sin afectar el derecho a la salud. Sin embargo, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF) y otras entidades farmacéuticas expresaron su preocupación ante las posibles consecuencias para la salud pública.
Las organizaciones sostienen que ningún medicamento es completamente inocuo y alertan que incluso los productos denominados de venta libre pueden provocar efectos adversos graves si no se utilizan correctamente. La falta de orientación profesional sobre su uso, posibles interacciones y contraindicaciones podría aumentar los riesgos de automedicación incorrecta y complicaciones en los pacientes.
Además, se recordó que una medida cautelar de la justicia mendocina, aplicable a nivel nacional, suspendió parcialmente los efectos del DNU 70/2023. Este fallo destacó la importancia de la intervención de farmacéuticos para garantizar un acceso seguro y controlado a los medicamentos.
La FACAF también criticó que la nueva normativa podría debilitar el modelo de farmacia como un pilar de la salud pública, transformándola en un espacio de consumo masivo, similar a un “farmashopping”. Según la entidad, esta transformación corre el riesgo de priorizar intereses económicos sobre la protección de la salud de la población.
En varias provincias del país existen leyes locales que prohíben la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y su exhibición en góndolas. Estas normativas buscan preservar el medicamento como un bien social, más allá de su dimensión comercial.
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