Así lo indicó el doctor José Chumbita, Defensor Público de La Rioja. Unos 5 mil riojanos se verían afectados y presentarían problemas por la suspensión de la pensión. En las últimas horas se conoció que el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, dictó una medida cautelar a favor de una mujer con incapacidad laboral del 99%, cuyo único ingreso había sido suspendido en julio..

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El doctor José Chumbita, Defensor Público, en contacto con Medios El Independiente manifestó en primer lugar, “a partir de abril de este año mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial, el organismo ANDIS dispuso que se iban a realizar una serie de auditorias a los fines de verificar el estado de las personas que habían accedido al beneficio de la Pensión No Contributiva por Invalidez. En la ejecución de este mecanismo de auditoria, realizaron notificaciones genéricas según invoca el organismo, pero notificaciones en un altísimo porcentaje según nuestros informes, cerca del 78 por ciento de las notificaciones no llegaron a destino. Y a partir de no haber localizado, según la versión de las autoridades nacionales a los beneficiarios, aplicaron un articulo de la normativa donde los hacen responsables a los beneficiarios de no haber informado adecuadamente el cambio de domicilio, y en consecuencia dispusieron la baja del beneficio”.

Añadió que mediante esta situación, “hubo personas que se vieron afectadas, generalmente el impacto fue en el mes de julio y agosto, y a partir de que muchas personas concurrieron a cobrar en agosto y se dan con la novedad que no tenían el beneficio acreditado en cuenta, y que no tenían notificación. En primer termino tuvimos dos casos. Uno fue donde no recibió ninguna notificación, que es el caso de la paciente oncológica con un 99 por ciento de invalidez. A partir de eso, con la Defensoría Pública Federal articulamos un recurso de amparo con una medida cautelar innovativa pidiendo que cese esta suspensión, que las personas recuperen la posibilidad de cobrar hasta que se lleve adelante el proceso de auditoria donde se garantice el derecho de defensa, la debida notificación con un plazo razonable, para que la gente pueda concurrir y aportar la documentación que tenga de su caso”.

Aclaró que el Estado nacional al haberle otorgado el beneficio mediante un acto administrativo en su oportunidad, “tiene en su poder el registro. Las suspensiones vinieron por cuestiones meramente administrativas. Y como se violó el debido proceso, la Justicia Federal nos dio la razón, y en el caso de esta paciente oncológica, le ordenó la restitución del pago en un plazo de 5 días. Lo más importante es que la cobertura de hipervulnerabilidad de una paciente oncológica con un 99 por ciento de invalidez, necesita sus ingresos para incluso asumir costos de estudios, nuevos diagnósticos”.

Sobre el número de riojanos afectados dijo “estamos tomando conocimiento a medida que las personas se van acercando y nos manifiestan la situación. Hay aproximadamente 5 mil beneficiarios en La Rioja. No les podría asegurar si a esos 5 mil les suspendieron el beneficio. Estamos hablando de números altos”.

Chumbita señaló que los beneficiarios que necesitan ayuda legal profesional ante la suspensión de la Pensión por Invalidez pueden dirigirse a la Defensoría Pública Federal de La Rioja, localizada en avenida Ortiz de Ocampo esquina Flor del Aire (al lado del Centro de Salud Faldeo del Velasco Sur).

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