En el marco de la inauguración del Centro de Día El Puente, el Gobierno de La Rioja oficializó la adhesión a un Protocolo de Intervención destinado a las Fuerzas de Seguridad y a los Servicios de Urgencia de Salud Pública, ante situaciones de crisis vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.

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La nueva herramienta establece pautas claras para la actuación de fuerzas de seguridad y equipos de salud, con el objetivo de garantizar una atención empática y libre de violencia en momentos de crisis.

El protocolo, elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Salud (a través de la Secretaría de Promoción y Prevención de la Salud), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Defensa, propone un enfoque integral, interdisciplinario y centrado en la persona, alejado de respuestas punitivas o represivas. Su implementación busca garantizar un abordaje respetuoso hacia quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, preservando su vida, reduciendo riesgos y protegiendo sus derechos.

Durante la presentación, el defensor general del Ministerio Público de la Defensa, Gastón Mercado Luna, destacó la importancia del cambio de paradigma que representa esta herramienta. “Se trata de intervenir con aquellos que están privados de su voluntad, de su conciencia, muchas veces por el consumo o por un padecimiento mental que puede afectarnos a todos”, afirmó.
En ese sentido, señaló que “este protocolo es una herramienta que le da a la policía y a los equipos de salud una guía para saber cómo actuar, cómo conducir a esas personas con humanidad en un momento de crisis”. Mercado Luna remarcó, además, que “hoy no se trata de ver a esas personas como criminales porque gritan o porque discuten con su familia. Se trata de comprender que están padeciendo”.

Sobre el protocolo
El nuevo documento establece criterios de actuación claros para quienes tienen el primer contacto en estas situaciones: fuerzas de seguridad, personal del 107, equipos de salud mental y adicciones, y comunidad sanitaria. Entre sus principales lineamientos se destacan: evitar el uso de la fuerza como primera opción, promover una comunicación empática, respetar la identidad de género y la diversidad cultural, y —cuando sea posible— garantizar la autonomía de la persona en las decisiones sobre su tratamiento.
Asimismo, el traslado al sistema de salud solo podrá realizarse si existe un riesgo cierto e inminente, y siempre bajo indicación médica. Toda intervención deberá registrarse y notificarse a la Unidad de Salud Mental del Ministerio Público de la Defensa, y en caso de internación involuntaria, al juez competente.
El protocolo también prevé un abordaje específico para niñas, niños y adolescentes en situación de crisis, garantizando que reciban un trato adecuado a su edad y nivel de madurez, con la intervención inmediata de la Dirección de Niñez y Adolescencia y el acompañamiento de un referente adulto de confianza.
La adhesión a esta nueva forma de actuar representa un avance significativo hacia un sistema de salud mental más humano y respetuoso en la provincia, donde la asistencia se ubica por encima de la sanción, y el cuidado reemplaza a la represión.

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