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El Gobierno boliviano ratificó las elecciones generales del 17 de agosto

El ministro de Justicia de Bolivia descartó que las acciones legales ante el TCP tengan capacidad jurídica para modificar o suspender el calendario electoral.



Pese a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Gobierno de Bolivia aseguró este lunes que las elecciones generales del 17 de agosto se llevarán a cabo sin alteraciones.

El ministro de Justicia boliviano, César Siles, descartó en conferencia de prensa que las acciones legales ante el TCP tengan capacidad jurídica para modificar o suspender el calendario electoral.

Según Siles, los al menos seis recursos constitucionales en trámite, que cuestionan la falta de paridad de género en las candidaturas presidenciales y demandan la inclusión de pueblos indígenas en las elecciones generales, no afectarán al proceso actual, ya que sus efectos serían aplicables únicamente a futuros comicios.

"Toda modificación que haya, que podría darse, tanto del artículo 28 como del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, va a regir para lo venidero. Y lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional en cualquiera de estas dos acciones es, o expulsar y exhortar que se haga una nueva norma, o simplemente exhortar que se haga una nueva norma y se modifique la ley", manifestó.

En consecuencia, enfatizó que "no hay ninguna posibilidad legal, jurídica ni constitucional de suspender las elecciones", sentenció el ministro, y ratificó que "bajo el principio de preclusión, el proceso electoral ya está en marcha y no puede ser interrumpido".

Los recursos fueron presentados por actores diversos: desde el diputado oficialista Israel Huaytari hasta exmagistrados como Gualberto Cusi, pasando por organizaciones indígenas como la CIDOB y la Nación Qhara Qhara. Todos ellos apuntan a cuestionar artículos clave de la Ley de Organizaciones Políticas y su compatibilidad con la Constitución, especialmente en lo referido a participación política y derechos colectivos.

Uno de los puntos más polémicos gira en torno a la exigencia de paridad de género en los binomios presidenciales, es decir si el candidato a la presidencia es varón la candidata a la vicepresidencia debe ser mujer o viceversa.