La diputada nacional Gabriela Pedrali hizo referencia a la Sesión Especial del día miércoles en el Congreso de la Nación, donde se trató el financiamiento de las universidades públicas nacionales, entre otros proyectos..
Al respecto, la legisladora valoró como un triunfo haber podido acompañar y dar respuesta al reclamo de la comunidad educativa y de toda la sociedad argentina con la media sanción al proyecto de financiamiento de las Universidades Públicas Nacionales. Destacó los consensos y acuerdos responsables con los otros bloques para poder obtener una mayoría parlamentaria.
“Desde nuestro bloque de Unión por la Patria defendemos las Universidades Públicas, de calidad, gratuitas y federales porque entendemos la Educación como un derecho y en tal sentido es necesario protegerla de las políticas de recorte, abandono y desfinanciamiento que lleva adelante el gobierno nacional; las Universidades de todo el país están atravesando situaciones realmente críticas, era urgente tener una Ley que garantice el presupuesto para su correcto funcionamiento”. A lo que agregó “el sistema educativo superior es clave para que nuestros chicos y chicas tengan oportunidades de desarrollo, para formar a las y los profesionales del futuro que Argentina necesita”.
Pedrali detalló que el proyecto permitirá garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento universitario de las 62 casas de altos estudios de todo el país; además de incluir la recomposición y actualización por inflación de los salarios docentes y no docentes, la ampliación de las becas estudiantiles, la necesidad de la asistencia financiera para los hospitales universitarios, la ciencia y la técnica y las actividades de extensión.
La legisladora nacional se refirió también al proyecto de modificación y ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, creado por la ley 26.879. Al respecto pidió responsabilidad a la hora de informar y comunicar sobre el tema y expresó “el Registro de datos genéticos ya existía, fue creado por una ley impulsada por el peronismo en el año 2013". Agregando que “nadie puede dudar la utilidad de este registro como herramienta clave para mejorar la investigación de delitos penales; pero lo que pretendía el Ejecutivo era constituirlo en una especie de mapeo genético de toda la sociedad argentina, avasallando derechos individuales y garantías contempladas en la Constitución Nacional”.
El proyecto original enviado por el Ejecutivo establecía el traspaso del Registro Nacional de Datos Genéticos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad; la extracción de muestras obligatorias, compulsivas en cualquier tipo de delitos sin definir prioridades en materia de política criminal, sin una lógica presupuestaria; la designación sin concurso ni criterios previos de la persona que se haga cargo de la comisión o directorio de huellas genéticas y la imposición de reemplazar el software gratuito nacional por un software extranjero del FBI.
A partir de los aportes realizados por el bloque de Unión por la Patria se acordó que el Registro Nacional continúe bajo la órbita del Ministerio de Justicia; además de clarificar qué magistrados y funcionarios pueden solicitar la incorporación de los perfiles genéticos, aportando claridad a la normativa vigente y también clarificar en qué casos, quienes se encuentran condenados con sentencia firme, serían sometidos a los exámenes pertinentes.