El 3 de junio de 2015 la sociedad argentina salió masivamente a las calles en todo el país para visibilizar los femicidios y exigir políticas públicas con presupuesto para para hacer frente a la violencia por motivos de género. Con el presidente Alberto Fernández se elevó las políticas de género y diversidad al máximo nivel institucional al crear el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En tres años y medio de gestión, se asistió a más de 1.650.000 de mujeres LGTBI+ en situación de violencia o vulneración de sus derechos.

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En cumplimiento de la Ley 26.485, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación elaboró dos planes nacionales de acción, el que tuvo vigencia entre 2020 y 2022 y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género 2022-2024 (PNA).

Este contiene más de 100 acciones de corto, mediano y largo plazo de 20 ministerios y 5 organismos descentralizados nacionales. Este nuevo plan reafirmó la perspectiva de abordaje integral de las violencias por motivo de género, que contempla el carácter estructural de las desigualdades y las violencias, y deja atrás los abordajes exclusivamente centrados en la emergencia.

 "Ni Una Menos nos hizo ver en 2015 que la violencia por razones de género es estructural. Desde entonces empezamos a caminar hacia la igualdad, transformando las formas de gobernar. Este Ministerio es parte del compromiso del Gobierno Nacional, que escuchó la demanda social de más y mejores políticas para erradicar las violencias", sostuvo la ministra Ayelén Mazzina.

 

Prevención y promoción de derechos

La Campaña Nacional de Prevención de las Violencias de Género se desplegó en 97 municipios de todo el país y contó con la participación de más de 31.000 personas. Además, desde la misma,

se organizaron 156 encuentros de Masculinidades sin violencias y 375 sobre vínculos responsables y señales tempranas.

 

Asistencia y protección integral

Se amplió y fortaleció la Línea 144 que cumple 10 años de funcionamiento. Desde la creación del ministerio realizó más de 83.200 intervenciones, se avanzó en el desarrollo de la aplicación para teléfonos móviles y en el primer servicio en el mundo de atención a personas sordas e hipoacúsicas a través de video llamada. Además, se pusieron en marcha mecanismos de articulación con el 911 en 21 provincias.

Además de la creación del Programa Acercar Derechos (PAD) que consolidó 50 equipos interdisciplinarios.

Mientras que, junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se inauguraron 3 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, en Quilmes, Río Grande, en Santa Rosa, La Pampa. En tanto, otros 10 se encuentran en ejecución, 14 en proceso de licitación y 4 en la instancia de elaboración del proyecto. La inversión para la construcción de los 30 centros previstos supera los $ 4.000.000.000.

 

Independencia económica

Programa Acompañar, que desde septiembre de 2020 invirtió más de $ 56.900.000.000 en el fortalecimiento de la independencia económica y apoyo psicosocial de más de 297.000 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia. Esto fue posible a partir de la firma de 828 convenios con

gobiernos locales en todo el país. En esta línea, el Programa Producir, con una inversión superior a los $ 250.000.000, brindó apoyo económico y técnico a 218 proyectos productivos de organizaciones sociales y comunitarias en las que participan mujeres y LGBTI+ que hayan atravesado o se enfrenten actualmente a situaciones de violencia de género.

 

Fortalecimiento institucional

A través del Programa Generarse fortaleció con apoyo técnico y económico a las 23 provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 556 municipios.

A su vez, el Programa Articular acompaña a las organizaciones sociales en la formulación e implementación de proyectos vinculados con las violencias de género, la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad en ámbitos comunitarios.

 

Avances y desafíos

La salida es colectiva y es con un Estado presente, con el presupuesto y los recursos necesarios para invertir en políticas públicas que promuevan la igualdad y el abordaje integral de las violencias por motivos de género en articulación con todos los organismos y niveles del estado, así como con las organizaciones sociales y comunitarias. El desafío es consolidar y profundizar lo realizado en todo el país para que estas medidas trasciendan los gobiernos y se transformen en políticas de Estado.

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