
El abogado querellante, David Calipo, confirmó que quedó firme la condena a 35 años de prisión contra Luis Alfredo Chade, exdirector del Museo Molino San Francisco de Chilecito, en una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años en La Rioja. Al respecto, el letrado habló con Radio Independiente.
Cabe recordar que Chade fue condenado por abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y producción de material de explotación sexual infantil, en un proceso que se extendió durante casi seis años y estuvo marcado por múltiples controversias.
En ese sentido, Calipo aseguró que desde la querella siempre tuvieron la certeza de que la sentencia sería confirmada debido a la contundencia de las pruebas incorporadas durante el juicio.
“Nosotros sabíamos que una vez que se pudiera abrir el debate y producir toda la prueba solicitada, la condena iba a ser inminente independientemente de cualquier planteo de la defensa”, expresó.
El caso tomó relevancia provincial y nacional en julio de 2019, cuando la madre de una niña de 10 años denunció a Chade por abuso sexual. Según se conoció durante la investigación, la menor mantenía un vínculo cercano con el acusado, quien se había ganado la confianza de la familia.
La denuncia surgió luego de que la niña revelara los abusos a su madre tras ver una película relacionada con esta problemática. A partir de allí, comenzó una investigación que derivó en el hallazgo de más de 1300 archivos entre fotografías y videos de explotación sexual infantil. De acuerdo con la querella, más de 900 archivos comprometían directamente al imputado.
“Estamos hablando de un proceso que tenía un cúmulo probatorio muy extenso. Los videos ubicaban al imputado cometiendo cada uno de los hechos de abuso sexual contra la menor y aun así tardaron casi seis años en llevarlo a juicio”, sostuvo Calipo.
El abogado recordó además que durante el proceso “se intentó instalar que se trataba de una falsa denuncia”, mientras que la defensa cuestionó reiteradamente la validez de las pruebas.
También señaló que la víctima debió someterse a dos cámaras Gesell a sus 10 años de edad y denunció que durante la etapa de instrucción ocurrieron situaciones irregulares, como la desaparición de pruebas y el otorgamiento de beneficios judiciales sin fundamentos suficientes.
En ese sentido, Calipo sostuvo que Chade mantenía vinculaciones con sectores del poder político y cultural de la provincia y del departamento Chilecito, situación que, según indicó, le permitió acceder en determinado momento al beneficio de prisión domiciliaria.
“Desaparecieron pruebas, se otorgaron beneficios sin haber fundamentado el derecho del imputado y ocurrieron distintas circunstancias que hacían descreer a la familia”, afirmó.
Finalmente, el querellante remarcó que el condenado nunca mostró arrepentimiento y que se aprovechó del vínculo de confianza que mantenía con la víctima, quien lo consideraba “una figura paternal y lo llamaba lelo”.