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Avanzan en la regularización de tierras para productores frutihortícolas de “Las Parcelitas”

El Gobierno provincial impulsa un proceso de regularización dominial destinado a cerca de 40 pequeños productores de la zona conocida como “Las Parcelitas”, sobre Ruta Nacional 5. La iniciativa busca brindar seguridad jurídica a familias que desde hace décadas sostienen la producción frutihortícola y forman parte del desarrollo económico regional.



El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Producción y Ambiente y el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, avanza en un proceso de regularización de tierras destinado a pequeños productores frutihortícolas de la zona conocida como “Las Parcelitas”, ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 5, a la altura del kilómetro 13.

La iniciativa alcanza a cerca de 40 familias productoras que desde hace años desarrollan allí actividades vinculadas a la producción frutihortícola, en lotes de aproximadamente 50 por 70 metros. Muchas de estas familias llevan más de tres décadas trabajando la tierra en el sector, mientras que otras sostienen la actividad de manera permanente desde hace más de 15 años, consolidando una producción clave para el abastecimiento local y la economía regional.

Las acciones se enmarcan en la Ley Provincial N.º 10.093, normativa impulsada hace casi 30 años por el entonces diputado provincial y actual gobernador Ricardo Quintela, orientada al fortalecimiento productivo y la organización territorial de familias riojanas.

Garantizar seguridad jurídica

Durante un encuentro de trabajo realizado junto a representantes de los productores, los ministros de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez, y de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, coincidieron en la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de los dominios para que las familias puedan acceder a la escritura definitiva de sus tierras.

En ese marco, Pérez destacó la importancia social y productiva de esta medida. “Estamos hablando de familias que entregaron gran parte de su vida al trabajo de la tierra. Productores que hace décadas sostienen la actividad frutihortícola y aportan al crecimiento de nuestra comunidad”, expresó el funcionario.

Asimismo, remarcó que el objetivo principal es garantizar seguridad jurídica a quienes desarrollan su actividad en el lugar desde hace años. “Buscamos que puedan tener la tranquilidad de ser propietarios del espacio donde producen y construyeron su historia”, afirmó.

Por su parte, Puy Soria señaló que el Estado provincial busca “dotar de seguridad jurídica a los productores” y adelantó que se trabajará para que “en el corto tiempo cuenten con la escritura traslativa de dominio, debidamente inscripta en los registros oficiales, garantizándoles tranquilidad y mayor seguridad para la inversión y el crecimiento de cada productor”.

El titular de la cartera de Vivienda explicó además que actualmente los productores poseen un comodato, “un instrumento de dominio precario”, y sostuvo que el objetivo es avanzar hacia la titularidad definitiva de las parcelas. “Como están hace mucho tiempo y trabajan la tierra, hemos decidido dar un gran paso adelante para perfeccionar los dominios”, indicó.

En ese sentido, destacó que contar con la escritura no solo garantiza derechos sobre la tierra, sino también la posibilidad de acceder a financiamiento y fortalecer el desarrollo productivo. “Nadie lleva adelante una inversión si no tiene los papeles en regla”, remarcó.
Pérez también señaló que el trabajo impulsado por el Gobierno provincial no se limita únicamente a la regularización dominial, sino que apunta además a generar nuevas herramientas que permitan fortalecer y proyectar el crecimiento del sector productivo.

Asimismo, sostuvo que el acompañamiento estatal resulta fundamental para consolidar el arraigo, sostener las economías regionales y garantizar condiciones de desarrollo para las familias productoras de la provincia.

Con estas acciones, el Gobierno de La Rioja continúa avanzando en políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la producción local, la seguridad jurídica y el desarrollo territorial sostenible.