El Tribunal Superior de Justicia remitió al Consejo de la Magistratura las actuaciones vinculadas a la jueza Adriana Beatriz Loureiro, por presunto incumplimiento de sus funciones en causas de su competencia.

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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dispuso mediante los Acuerdos N° 97 y 99 remitir al Consejo de la Magistratura las actuaciones vinculadas a la jueza Adriana Beatriz Loureiro, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, por presunto incumplimiento de sus funciones jurisdiccionales en causas de su competencia.

El TSJ resolvió remitir al Consejo de la Magistratura dos expedientes en los que se verificaron demoras significativas en el trámite de instrucción, excediendo los plazos razonables y afectando la debida administración de justicia.

Los casos analizados corresponden a dos expedientes, uno por la supuesta autoría del delito de Homicidio en grado de tentativa”, y otro por la supuesta autoría del delito de Abuso sexual”, ambos instruidos en el juzgado a cargo de la Dra. Loureiro.

En el primero de ellos, el TSJ observó que, pese a haberse iniciado la causa en el año 2019, no se registraba definición alguna sobre la situación procesal del imputado ni conclusión del proceso de instrucción, configurando un retardo que constituye un grave incumplimiento de las funciones jurisdiccionales asignadas.

En el segundo caso, vinculado a la investigación de un presunto delito contra la integridad sexual, el informe de la magistrada reflejó una paralización procesal de más de un año, sin impulso de las partes ni resolución sobre los planteos efectuados. Dicha inacción fue considerada incompatible con la diligencia debida que exige el tratamiento de causas de esta naturaleza.

El Tribunal Superior de Justicia, al ejercer sus facultades de superintendencia conforme lo dispuesto por el artículo 162 inciso 1 de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de la Función Judicial N° 2.425, concluyó que los hechos analizados exceden las atribuciones administrativas y disciplinarias propias de la Superintendencia, correspondiendo la intervención del Consejo de la Magistratura a fin de determinar la eventual responsabilidad funcional de la jueza interviniente.

Todo ello, sin perjuicio de que la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial realice otras auditorías integrales sobre el juzgado a cargo de la Dra. Loureiro, como fueron llevadas a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre del corriente año, con el objetivo de examinar el estado de los 698 expedientes actualmente en trámite.

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