El Gobierno se niega a aplicar una readecuación de partidas como lo establece la ley de emergencia en materia de discapacidad.

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El Gobierno promulgó hoy la ley de emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2026 pero advirtió que no la aplicará hasta que el Congreso no defina de dónde se obtendrán los recursos para instrumentar esa medida para la que este año deben destinarse 3 billones de pesos.

La ley otorga facultades al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para readecuar las partidas destinadas a garantizar el financiamiento de esta iniciativa que actualiza el valor de las prestaciones así como de las pensiones y de los talleres protegidos, pero el Poder Ejecutivo decidió que no lo hará pese a que esta norma quedó firme con el rechazo al veto del presidente Javier Milei.

La Cámara de Diputados rechazó el pasado 20 de agosto, por 172 votos contra 73 votos, el veto a la ley de emergencia en discapacidad, y el Senado hizo lo propio el 4 de septiembre por 63 contra 8 votos.

Por ese motivo, el bloque Encuentro Federal -aunque también podrían sumarse otros- decidió pedir la interpelación de Francos y un voto de censura “por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad”, dictar decretos “nulos e inconstitucionales” y “no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada”

El Gobierno promulgó la ley a través del decreto 681, en el que le reclamó al Congreso que dispusiera de dónde saldrán las partidas, tal como lo establece el artículo 5 de la ley 24.629.

Ese artículo dispone que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

La ley de Emergencia en Discapacidad establece una recomposición de las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período, y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y permite una reducción del 50 de las contribuciones para las empresas que tomen personal por un plazo de tres años.

La iniciativa fija que se deberá otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

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