
La jueza María Eugenia Torres ordenó la detención de Carmen Ángeles González, acusada de estafas en la organización de dos fiestas sociales que nunca se realizaron. La medida se tomó tras incumplir las condiciones de su libertad y no presentarse a declarar, por lo que se activó su captura a nivel nacional.
El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza María Eugenia Torres, ordenó la detención de Carmen Ángeles González, imputada por el delito de estafa, tras revocar el beneficio de eximición de prisión que le había sido concedido.
La medida se adoptó luego de que la magistrada constatara que la acusada incumplió con las condiciones impuestas para permanecer en libertad, entre ellas la comparecencia obligatoria a declaración indagatoria. González no se presentó a las audiencias previstas para el pasado 5 de agosto, ausencia que fue comunicada de forma informal a través de su abogado, quien tampoco justificó con documentación válida el motivo de la inasistencia.
La imputación corresponde a dos causas acumuladas por estafa (artículo 172 del Código Penal). Según la investigación, González habría simulado ser organizadora de eventos y cobrado más de 3,5 millones de pesos a una ciudadana para la realización de una fiesta de 15 años, servicio que nunca concretó. Los pagos —en efectivo y por transferencias bancarias— se efectuaron entre febrero y abril de 2025 y quedaron documentados mediante recibos y un contrato firmado por ambas partes.
El beneficio de eximición de prisión, otorgado en julio, estaba supeditado al compromiso de la imputada de reparar de manera integral el perjuicio económico. Sin embargo, la defensa informó posteriormente que no podría cumplir con esa obligación, lo que sumado a su incomparecencia motivó la revocación del beneficio.
La jueza Torres dispuso comunicar la medida al Departamento de Convenios Policiales de la Policía Provincial, ordenando su incorporación al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su captura a nivel nacional. La ejecución estará a cargo de la División de Delitos Económicos, con habilitación de días y horas inhábiles para concretar la detención.
Los casos
La imputación corresponde a dos causas acumuladas por estafa (artículo 172 del Código Penal).
Primer caso: En febrero de 2025, una mujer contrató a González para organizar el cumpleaños de 15 de su hija, previsto para el 24 de mayo en un salón de la zona oeste. El servicio integral se acordó por $ 3.750.000, abonados en cuotas, en efectivo y mediante transferencias. El día del evento, la familia descubrió que no había salón reservado, ni proveedores contratados, y la fiesta nunca se realizó.
Segundo caso: En junio de 2024, un matrimonio comenzó a contratar a González para celebrar el cumpleaños de su hija el 21 de junio de 2025. Durante meses le realizaron pagos por $ 3.450.000, hasta que advirtieron por redes sociales que la organizadora no tenía vínculo con el salón prometido y que existían otras denuncias públicas en su contra.