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Nación da marcha atrás en uso de términos "idiota", "débil mental" y "retardado"

27/02/25

Se trata de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad en cuya redacción utilizaban términos como "idiotas", "débil mental", "retardado" etc; para calificar a personas con discapacidad intelectual. Tras el fuerte repudio, modificarán la resolución siguiendo estándares médicos y normativos vigentes.

La Agencia Nacional de Discapacidad en la Resolución 187/2025 publicada en el Boletín Oficial el pasado 16 de enero, incluyó en su redacción y anexos, términos como “idiota”, “Imbécil”, “débil mental” para referirse a las personas según su discapacidad intelectual.

Distintas organizaciones repudiaron los términos utilizados que atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y con menos discriminación.

Cabe resaltar que, en dicha resolución, el organismo nacional rector de las políticas de discapacidad, utilizó términos que se encuentran internacionalmente dados de baja y que refieren a viejos parámetros para calificar a la discapacidad que nada tienen que ver con los nuevos paradigmas que se promueven en el mundo.

Tras el repudio sobre la redacción utilizada, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió este jueves (cabe recordar que la resolución fue publicada el 16 de enero) un comunicado mediante el cual aclara que “la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”.

“La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”.

En el mismo comunicado, expresan que “reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”.