Fue en el marco de un plenario de las Comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Hubo expertos que expusieron sobre los proyectos que modifican el Código Penal para incluir una tipificación de la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

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Al comienzo del debate, la titular de la Comisión de Familias, Roxana Reyes (de la UCR), explicó que “es una obligación internacional asumida por nuestro país al adherir a la Convención de los Derechos del Niño”. En ese sentido, sostuvo que “es un flagelo que requiere que nosotros demos un marco normativo. Habiendo tenido un despacho de Comisión del Senado, se espera el tratamiento en el recinto en los próximos días. De modo tal que, en la Cámara de Diputados, vamos analizar los proyectos para conseguir la mejor ley que no deje ningún flanco libre”, dijo Reyes.

Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, celebró “que el Congreso finalmente haya encarado la tipificación del delito de compra venta” y analizó los distintos proyectos de ley presentados sobre el tema.

 “En Argentina la mayoría de los casos de compra venta de niños son para una adopción, que luego se oficializa a través de una adopción ilícita”, dijo Graham. Asimismo, señaló que se trata de “una transferencia de activos de las clases más pobres a las más favorecidas de la sociedad”.

“Ese activo, que en algún momento fue la fuerza de trabajo, es lo único que le queda a los más pobres: entregar a sus propios hijos para que otro pueda cumplir con su deseo”, añadió.

La Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes propuso que “aquellas mujeres que entregan, que tienen una intersección de vulnerabilidades, sean exoneradas o que no sean perseguidas penalmente, salvo que formen parte de una red delictiva”.

“Tenemos que lograr la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando son más chiquitos, recién nacidos, que dependen absolutamente del mundo adulto. Ese mundo adulto no los puede convertir en un objeto”, concluyó.

Posteriormente, Martha Pelloni, religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, contó que, en Goya, Corrientes, se encontró “con empleadas domésticas de casas de ricos que, para poder sostener el trabajo cama adentro, tenían que entregar al hijo”.

Asimismo, Pelloni denunció “una mafia enquistada en el poder político, el poder judicial, policial y las instituciones que nos tienen que cuidar”.

Gloria Machado, abogada de la ONG Infancia Robada, calificó a “la compraventa como una grave violación a los derechos humanos” y reclamó “un cambio de paradigma socio-cultural en la mirada hacia las infancias”.

Machado también se refirió “a la connivencia de los poderes públicos, de los encubrimientos y las complicidades” y “el abuso absoluto de poder de las instituciones sobre el niño, aprovechando su situación de indefensión”.

Luis Velasco, abogado especialista en Derecho Penal, argumentó que “tenemos que ser muy cuidadosos en reformar un texto en el cual ya hay condenas y que está siendo aplicado”.

En ese sentido, Velasco pidió “modificar lo que está vigente lo menos posible y hacer agregados con tipos penales especiales con más penas”. “Seamos muy cuidadosos, el texto con dictamen del Senado puede tener un efecto búmeran”, advirtió.

José Atilio Álvarez, titular de la Defensoría Pública de Menores, coincidió en la visión sobre la técnica legislativa y pidió “cuidar el tipo que van a incorporar, no sea cosa que, de buena fe, terminemos con una enmienda peor”.

De igual modo, remarcó en la necesidad de “atenuar la situación de la parte vulnerable, de la madre que no participa de una organización”.

“En 45 años que voy a cumplir -en ejercicio del derecho-, el temor del apropiador de niños es el arrepentimiento de la madre. Dejar la puerta abierta para que la madre se arrepienta y ayude a recuperar la identidad de su hijo es un elemento preventivo fundamental en la apropiación de los niños”, indicó.

En la reunión informativa, Álvarez les reclamó a los legisladores que “tengan el valor cívico de sacar una ley lo más correcta posible, que no tolere los escapes de una mafia”.

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