El Consejo de la Magistratura avanzó con diligencias presenciales en la Segunda Circunscripción Judicial y retiró expedientes originales del Juzgado de Instrucción Nº 2. La denuncia contra la jueza Illanes ya fue admitida y comienza la etapa decisiva para definir si se abrirá un Jury de Enjuiciamiento.

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El Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja profundizó en los últimos días las actuaciones preliminares vinculadas a la investigación contra la jueza Virginia Illanes Bordón, del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial (Chilecito). Por instrucción del organismo, la semana pasada la secretaria del Consejo, Florencia Ibáñez, se constituyó en dependencias judiciales de Chilecito para retirar los expedientes originales relacionados con la causa.

La diligencia se realizó en cumplimiento del mandato emitido por la Comisión de Investigación y Disciplina, que ordenó recopilar toda la documentación necesaria para el análisis de las denuncias. El Consejo ya admitió formalmente la denuncia contra Illanes, basándose en la prueba presentada, la imputación fiscal, el auto de procesamiento y la documentación remitida por el Tribunal Superior de Justicia. Con esa decisión, se abrió oficialmente la etapa de investigación.

A partir de ahora, la Comisión cuenta con 15 días hábiles para elaborar un dictamen que deberá elevar al pleno. Allí se definirá si corresponde abrir un Jurado de Enjuiciamiento, rechazar la denuncia o remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia para medidas disciplinarias administrativas. En una reunión previa realizada en la ciudad capital, los consejeros analizaron los escritos presentados por denunciantes y resolvieron acudir directamente a Chilecito para solicitar las causas completas. La lista incluye expedientes por hurto, lesiones, homicidio, usurpación y otras causas penales que tramitaron en el juzgado a cargo de Illanes. La revisión directa en sede judicial fue considerada fundamental para evaluar cada caso en su contexto y determinar si los hechos ameritan la apertura de un proceso formal contra la magistrada.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, el juez de Instrucción Alberto Marcelo Carrizo procesó a la magistrada Virginia Nelly Illanes Bordón como presunta autora de cohecho pasivo agravado, prevaricato y estafa, al considerarla (supuestamente) responsable de haber recibido sobornos para alterar el curso de la justicia y dictar resoluciones contrarias a la ley. Asimismo, las críticas hacia la magistrada volvieron a cobrar fuerza tras conocerse la (supuesta) prescripción de la causa por el homicidio de Exequiel González, ocurrido en marzo de 2013. González, de 28 años, había sido hallado sin vida en su domicilio, y la investigación determinó que presentaba lesiones compatibles con una agresión. El fiscal Diego Sebastián Torres Pagnussat había imputado a Pablo Nicolás Lazo por homicidio, acusado de haberlo golpeado con un palo y simular un suicidio.

La causa fue elevada a juicio en 2016, pero el proceso quedó paralizado. En 2020, la jueza Illanes firmó el sobreseimiento del imputado, alegando el vencimiento de los plazos de instrucción. Sin embargo, la resolución nunca fue notificada, y el expediente permaneció archivado hasta que el actual juez Jorge Jalil lo halló durante una revisión general. Hoy, el caso estaría prescripto.

En declaraciones radiales, el abogado Davi Calipo, abogado de la familia González, sostuvo que las irregularidades detectadas en el Juzgado de Instrucción de Chilecito “eran conocidas y sistemáticas”, y que la magistrada “ha cometido una serie de arbitrariedades que perjudicaron enormemente a la comunidad”. “El juzgado bajo su dirección era un desastre.

Hay causas de abuso sexual archivadas, expedientes perdidos y procesos prescriptos. Todo eso no lo digo yo, está saliendo públicamente”, afirmó el abogado. Calipo recordó que la jueza fue procesada por la justicia que ella misma integraba, y denunció que, pese a eso, continúa percibiendo su salario sin cumplir funciones.

“Tenemos una persona procesada, denunciada en múltiples oportunidades, que sigue cobrando un sueldo sin trabajar. Eso es lo que genera el enojo de la comunidad: la desigualdad ante la ley”, expresó el letrado.

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