
La Cámara de Apelaciones de Nueva York definirá este martes si obliga o no al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones como indemnización por el juicio de la expropiación.
Diez años después de iniciada la causa, este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de que la Argentina entregue las acciones de la petrolera YPF como pago por la expropiación “mal realizada” por Cristina Kirchner en el 2012, o si obliga a la Argentina a depositar ese activo, u otros.
Existen tres posibilidades:
Si la Corte de Apelaciones mantiene en suspenso la orden de la jueza Preska de entregar el 51% de acciones de YPF como pago del juicio, habrá otra instancia en la que se definirá sobre esa orden en sí.
Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos:
En el segundo caso, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, y arriesgarse a sufrir el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.
El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en US$ 16.100 millones, a los cuales se les suman más de US$ 2 millones diarios de intereses.
En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país.
La demanda es porque el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF, omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.
Según recordó Clarín, el litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.