El reciente comunicado del Ministerio de Capital Humano de la Nación intenta maquillar una realidad insostenible. A pesar del aumento salarial del 6,8%, la comunidad docente universitaria enfrenta una precariedad que va más allá de los porcentajes: se trata de una crisis estructural que compromete la universidad pública y, en particular, a la UNLaR.

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Por Mercedes Cáceres - Decana del Departamento Académico de Ciencias Humanas y candidata a rectora de la UNLaR

Los edificios de los Departamentos y Sedes están en un estado de deterioro, con problemas de mantenimiento que afectan la seguridad de estudiantes y la de todo el personal. El Hospital de Clínicas, que debería ser un pilar de la salud pública y un espacio de formación, se encuentra en una situación crítica. La falta de insumos y equipos adecuados deteriora tanto la atención a los pacientes como la formación de los futuros profesionales. Ni hablar de la precarización laboral que afecta a muchos trabajadores, forzados a soportar largas jornadas sin los derechos que deberían acompañar su labor.

Por otro lado, la formación docente está comprometida. Sin fondos suficientes, los educadores carecen de programas de capacitación que mantengan la calidad educativa. La situación se agrava con la falta de mejoras en los cargos docentes, desde promociones y ascensos hasta el ingreso a la carrera docente, un proceso que actualmente carece de políticas claras. Esta situación perjudica a los nuevos docentes y afecta al sistema educativo, que necesita profesionales motivados para asumir sus desafíos.

En cuanto a la investigación, la falta de financiamiento no solo limita proyectos esenciales, sino que también expulsa a investigadores hacia otras provincias y ciudades, e incluso fuera del país, en busca de un futuro que aquí parece inalcanzable.

Los graduados también atraviesan serias dificultades. Con cada vez menos oportunidades de inserción laboral a través de redes de trabajo y pasantías, tanto en organismos estatales como privados, los egresados carecen de vías para integrarse al mercado y desarrollar sus carreras, afectando el progreso tanto personal como social.

Mientras tanto, el Colegio Preuniversitario General San Martín enfrenta sus propios problemas, que vienen de muchos años. La falta de personal docente y de preceptores, junto a condiciones laborales precarias y la carencia de ventilación y mantenimiento en las instalaciones, obliga a los estudiantes a soportar jornadas incompletas. Estos problemas han llevado al sindicato a implementar paros como protesta, entre otras medidas de fuerza.

Además, los servicios de apoyo estudiantil, como becas y asistencia, se han reducido al mínimo. Para muchos, la universidad pública es la única oportunidad de construir un futuro mejor, pero con la reducción de fondos, esa oportunidad se desvanece para quienes más la necesitan.

El anuncio del Ministerio de Capital Humano es un barniz superficial que no logra ocultar las profundas grietas que atraviesa la universidad pública argentina. El conocimiento y la educación no son meras cifras; son los pilares de una sociedad que aspira a la equidad y la justicia. Es imperativo que el Estado asuma la responsabilidad de preservar estos valores esenciales.

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