La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró este lunes, el estado de asamblea permanente y movilización en la administración pública, afectando a los organismos nacionales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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“Tenemos que multiplicar las protestas en todos los organismos. Hay que llevar adelante acciones que rápidamente permitan aumentar la conflictividad. Debemos poner en evidencia no sólo al Gobierno con su plan de destrucción de salarios y puestos de empleo, sino también a aquellos gremialistas que decidan ser sus cómplices”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

Esto fue luego de la reunión del secretariado nacional del sindicato en la cual se rechazó el aumento otorgado en la última paritaria (2% para septiembre y 1% en octubre) que llevó la pérdida del poder adquisitivo de los estatales a más del 30% en lo que va del año.

La definición permitirá la realización de numerosas medidas en los distintos ministerios y organismos como asambleas, radios abiertas, permanencias pacíficas en lugares de trabajo, retención de servicios, entre otras.

“Hemos decidido convocar a todos los secretarios generales del país para avanzar en un nuevo paro general. Tenemos que seguir dialogando, articulando y construyendo acciones con todos aquellos sindicatos que estén dispuestos a luchar, y continuar trabajando hacia adentro de nuestras centrales obreras porque existen condiciones y sobran motivos para una nueva huelga que comprenda a todos los sectores y actividades”, agregó Rodolfo Aguiar.

Además, ATE mantiene la alerta por las cesantías ilegales que podría disponer el Gobierno nacional el 30 de septiembre, cuando vence el plazo de los más de 65 mil contratos renovados tan solo por tres meses.

Ante esta situación, el sindicato convocó a las representaciones de todas las provincias a una reunión el 10 de septiembre en el Hotel 27 de Junio de ATE (Defensa 1469, CABA) para definir la profundización de todas las medidas de fuerza.

En este marco, el sindicato reclamará por la anulación del DNU 70/23, la urgente reincorporación de todos los cesanteados, el cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las políticas públicas, el aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación, la regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de todas las y los trabajadores. También, por el cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre y el rechazo a cualquier privatización de empresas públicas y la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados, la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.

 

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