La votación en el Senado de la Nación por la ley Bases reflejó exactamente la misma división por partes iguales del electorado nacional. Aprobaron el proyecto 36 senadores y lo rechazaron otros 36. La vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo que desempatar. El rol de la titular del Cámara Alta se venía anticipando dadas las dificultades del oficialismo por conseguir votos, tanto que el propio presidente Milei tuvo que postergar su viaje a Italia y evitar la delegación del mando en la vice y su remplazo en medio de la sesión.

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La decisión de los representantes de las provincias estuvo en duda toda la jornada deliberativa que comenzó a las 10 de la mañana y culminó a medianoche, siempre alrededor del empate, nunca la diferencia superó los tres votos a favor o en contra.

En las encuestas, imagen y aprobación de gestión del presidente Milei está en caída. La disminución no es significativa y el Senado reflejó una opinión pública dividida en dos.

Villarruel, antes de emitir su voto, pronunció un discurso que reflejó esa Argentina dividida, dándole su propia interpretación: "Hoy vimos dos Argentinas: una que incendió un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor, que se respete la votación que en noviembre de 2023 eligió un cambio". Palabras con el sesgo de su pensamiento político que contradijeron el testimonio del propio dueño del vehículo incendiado, un periodista de un medio que adhiere a los libertarios. Aseguró que lo atacaron encapuchados de un sector donde no había manifestantes. De hecho, en los vídeos se observa que se van en un auto con la patente dada vuelta, sin que la policía intente detenerlos. Claramente un “desorden” provocado.

Consecuencias

Las consecuencias de la votación serán nefastas para el país, para el Estado y la vigencia de derechos humanos, laborales, sociales y culturales. Tendrá efectos graves en la economía con una recesión, depresión y desempleo que ya se hace sentir y será mucho más grave con la entrega de recursos naturales a inversionistas extranjeros, previstos en el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).

Será complicado para provincias que abogaron por la restitución del impuesto a Ganancias y Bienes Personales para mejorar la recaudación y que el Senado rechazó o para los gobernadores que apoyaron la eliminación de ambos beneficios para no perjudicar más a los trabajadores y buscaban remplazarlos con la distribución de fondos de otros impuestos.

Con tantas consecuencias negativas, Milei solo pudo conseguir una mini-ley por la cantidad de modificaciones que se hicieron a costa del canje por cargos a senadores -incluso a electos por el Frente de Todos o reconocidos peronistas-, fondos para obras públicas a gobernadores propios o de Unión por la Patria; acusación de supuesto golpe de Estado a la oposición; desproporcionada represión a una manifestación pacífica; treintena de detenidos entre vendedores ambulantes, docentes, artistas acusados de terrorismo; infiltrados para provocar el caos más el silencio del empresariado que soportan la crisis en la construcción, consumo masivo, automotores, producción textil, agro e industria por un supuesto beneficio de inversiones extranjeras solo interesadas en la minería y el petróleo.

La Rioja aportó el voto favorable del senador Pagotto de La Libertad Avanza mientras que el peronismo riojano mantuvo su férrea oposición y rechazo con el voto de Florencia López y Rejal. La oposición al modelo político y económico libertario que encabeza el gobernador Quintela no fue gratuito: al contrario de los gobernadores que recibieron fondos para obras públicas, a la provincia le negaron el acuerdo que se iba a firmar el lunes 10 para reactivar el nudo vial El Chacho, entre otras.

Como sigue

El gobierno nacional busca ahora revertir modificaciones con la vuelta a Diputados. En la ley Bases: reforma administrativa del Estado, privatizaciones, reactivación de la moratoria jubilatoria y RIGI, y en el paquete Fiscal: Ganancias y Bienes Personales.

El ministro Francos, al día siguiente de la votación en el Senado, comenzó a negociar aprovechándose de las múltiples posibilidades que tendrá la Cámara Baja para ratificar o no los cambios. También de los intereses de las provincias en la minería y recuperación de la recaudación con Ganancias.

Las opciones, o interpretaciones dependen de los intereses de las provincias o del gobernador o sector económico que esté detrás de cada diputado. La Cámara Baja podrá: aceptar modificaciones y que queden sancionadas; volver al texto original que es lo más cómodo porque necesitan mayoría simple y tienen a favor 30 votos; y/o aceptar algunos cambios y rechazar otros.

Esta explicación resulta simplista a la luz de las interpretaciones jurídicas aparecidas por estos días sobre cómo revertir los cambios del Senado.  El diputado formoseño Fernando Carbajal (UCR), ex juez federal, posteó que la "Cámara de Diputados no puede insistir con la moratoria previsional, ganancias ni bienes personales” porque el Senado lo rechazó en general por lo tanto están afuera. "La insistencia solo opera cuando hay una aprobación con cambios, no cuando el Senado rechaza en forma expresa", agregó. Otros no coinciden con el formoseño. El diario digital La Política Online citó al cordobés De Loredo como buscando opinión de juristas para zanjar las diferencias.

Toda interpretación a favor o en contra de quien lo lee gira en torno al Artículo 81 de la Constitución Nacional que dice: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la cámara revisora”.

Más allá de la legalidad o legitimidad de cada interpretación, se sabe que los libertarios apelarán a cuanto artilugio legislativo facilite sus objetivos apañados por el poder mediático y económico que más que preocupado por el destino del país, les importa eliminar al peronismo.

Convención picante

En la 10° sesión de la Convención Constituyente, se aprobaron reformas previstas por la ley 10.609 para la Constitución riojana. La mayoría peronista - 28 convencionales- facilitó el apoyo a los despachos del oficialismo y se enfrentó a un fuerte debate político de la oposición de Juntos por el Cambio con 6 convencionales y otros 2 de Sumar, en la mega sesión de este jueves 13 durante 8 horas.

La voz opositora más altisonante, Cristina Salzwedel, apuntó a que no lograron consensuar ningún artículo y cuestionó la reforma porque los derechos “ya están consagrados constitucionalmente y no es necesario incluirlos” en la Carta Magna provincial. Mencionó un extenso número de derechos que no se cumplen y hasta llegó a acusar al gobierno provincial de robar la plata de las obras que anuncian. “Dejen de consagrar derechos que van a quedar en letra muerta y no cambian la vida a la gente” concluyó la ex secretaria municipal en la gestión de Inés Brizuela y Doria.

El chamicalense y opositor Del Moral reclamó que no lo escucharon y hasta se burlaron de su proyecto de producir hasta 200 mm de agua por hectárea por año. A convencionales, técnicos de la provincia y funcionarios los trató de ignorantes y “sordera testicular”. “No falta agua, faltan obras”, aseguró.

La convencional Carmona leyó un dictamen de minoría para reformar el sistema electoral y el derecho a elegir y ser elegido vinculado a instrumentos electorales, entre otros, las colectoras y criticó que “la mayoría tirana” no le diera oportunidad de debatirlo.

Todo el oficialismo salió a responderles, desde Ariel Puy Soria, Enrique Mora hasta Griselda Herrera que acusaron a Juntos por el Cambio de aliarse a los libertarios para imponer un ajuste que daña y mucho a la población. Sobre la corrupción los mandaron a denunciar ante la justicia, sin generalidades, con hechos.

La convencional oficialista Mariana Nievas puso freno al debate político y pidió ajustarse a lo estrictamente constitucional. “No se debate con argumentos constitucionales sobre los despachos sino descalificando gobiernos, incluso de periodos muy anteriores a este”. No se está comprendiendo “el rol del convencional que es legislar para el futuro, no para una persona como el caso de nuestro gobernador que convocó a la convención”. Negó que la oposición desconociera los textos elaborados por las comisiones y defendió a los convencionales que “hace once meses estamos debatiendo estos temas, hago un reconocimiento a los que participaron en las reuniones. En ese tiempo podrían haber ido elaborando (la oposición) sus propios despachos. No se puede consensuar con quien no quiere consensuar. Es una afrenta a este cuerpo traer temas (gestión política, destino de fondos, corrupción, falta de obras etc.) que no están al alcance de esta convención”. Esta semana la Constituyente irá culminando su tarea.

 

 

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