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Caso Trini Ruarte: ordenan la detención de Federico Luna tras ausentarse del juicio

En una jornada clave dentro del proceso judicial por el caso Trini Ruarte, el debate debió ser suspendido debido a la ausencia injustificada del único imputado, Federico Luna, lo que derivó en la revocación de su excarcelación y la emisión de una orden de detención inmediata por parte del tribunal.



El abogado Sergio Gómez brindó detalles sobre la resolución judicial y calificó lo sucedido como "un escándalo". Según explicó el letrado, la audiencia estaba prevista para las 9:00 de la mañana de este martes con la citación de cinco testigos, pero la jornada no pudo avanzar debido a la incomparecencia del acusado.

La defensa de Luna argumentó que la ausencia del imputado se debió a una contingencia climática en Veladero, San Juan, lugar donde presta servicios laborales, solicitando que pudiera participar de la audiencia a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, se reveló que el acusado había abandonado la provincia de La Rioja sin contar con la debida autorización judicial.

Gómez remarcó que una de las condiciones fundamentales impuestas al momento de concederle la excarcelación era la prohibición expresa de ausentarse de la provincia sin permiso previo del tribunal. "Él no pidió permiso para irse a trabajar a San Juan. Si no hubiese ocurrido esta contingencia climática, se hubiera presentado a la audiencia y habría pasado desapercibido que salió de la provincia sin autorización", señaló el abogado, recordando además que en ocasiones anteriores, como durante el mes de enero, el imputado sí había tramitado los permisos correspondientes para ausentarse por vacaciones.

Ante esta flagrante falta a las normas procesales, el tribunal rechazó el pedido de la defensa para realizar la audiencia vía remota y dispuso la revocación inmediata de la libertad condicional de Luna.

Como consecuencia, la justicia ordenó la detención inmediata del imputado para garantizar el desarrollo y la continuidad del juicio. Se prevé que las autoridades emitan los oficios y comisiones correspondientes a las fuerzas de seguridad para su localización y traslado.

Con esta decisión, el tribunal busca enviar un mensaje contundente sobre el cumplimiento estricto de las órdenes judiciales y la igualdad ante la ley.