En una resolución que marca un precedente histórico para la provincia de La Rioja, la Justicia dictó una resolución contundente que pone fi n a años de desigualdad económica y abandono afectivo. La jueza María Alejandra Echevarría, titular de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, quien junto al secretario doctor Claudio Gallardo, decidió aplicar con rigor y valentía una perspectiva de género y cuidado real.

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La sentencia, lograda gracias a la labor minuciosa de las abogadas Ivana María Cattaneo y Rocío Racedo, no se limita a las fórmulas tradicionales de la justicia de familia, sino que por primera vez obliga a un progenitor a cubrir el 100% del índice de crianza, reconociendo que la labor de cuidado que ejerce la madre de forma exclusiva posee un valor económico que debe ser compensado ante la disparidad de recursos.

Este caso desnudó la estrategia de evasión de un padre profesional que, mientras declaraba ingresos limitados ante los tribunales, mantenía una vida de lujos extremos que fue plenamente acreditada a través de un trabajo de investigación probatoria exhaustivo.

Las abogadas intervinientes, en una labor articulada con la Defensoría y organismos nacionales, lograron que ARCA y diversas entidades bancarias aportaran informes que revelaron una realidad indiscutible: el demandado realizaba movimientos financieros en moneda extranjera, viajes internacionales, estadías en hoteles de alta categoría y consumos en establecimientos de lujo que superaban por cuatro veces lo que pretendía hacer pasar como su salario real.

Cattaneo destacó, en dialogo con EL INDEPENDIENTE, que la jueza Echevarría, a pesar de su perfil bajo, demostró una firmeza ejemplar al desestimar las maniobras de ocultamiento del progenitor, quien incluso llegó a adquirir un vehículo nuevo mientras retaceaba el sustento básico para su hija adolescente.

El fallo es especialmente humano al contemplar que la madre, trabajadora del sector salud con ingresos limitados y sin vivienda propia, ha sostenido sola la crianza frente a un padre que no solo evadió sus obligaciones materiales, sino que demostró un desapego total al no mantener contacto ni siquiera en momentos trascendentales como el cumpleaños de quince de la joven.

Por esta razón, la condena no solo alcanza el total del índice de crianza fijado por el INDEC —que a la fecha ronda los seiscientos mil pesos y se incrementará según las necesidades de la menor— sino que además impone al padre la obligación de pagar la totalidad de los gastos extraordinarios, incluyendo el inicio del ciclo escolar, viajes de egresados, la totalidad de las vacaciones y cualquier otra necesidad que surja, rompiendo con la costumbre del aporte compartido del cincuenta por ciento que en estos casos resultaba injusto.

Esta resolución envía un mensaje potente a la sociedad riojana y a los profesionales del Derecho sobre la importancia de la prueba informativa y el compromiso judicial para proteger el bienestar superior del niño, dejando claro que detrás de los expedientes existen vidas que requieren una reparación integral y que el tiempo del ocultamiento patrimonial como estrategia para desamparar a los hijos ha comenzado a encontrar un límite infranqueable en la justicia provincial.

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