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Pedrali advirtió que bajar la edad de imputabilidad "no resuelve la inseguridad"

La diputada nacional Gabriela Pedrali se prepara para el debate en el Congreso de la Nación sobre el proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad, una iniciativa impulsada por el oficialismo nacional que genera fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos, sociales y técnicos.



En la antesala del tratamiento legislativo, la legisladora riojana expresó su rechazo a la propuesta que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 14 años, al considerar que se trata de un enfoque punitivista que no aborda de manera integral la problemática de la inseguridad. En ese sentido, remarcó la necesidad de un debate “serio, plural y responsable”, que incluya la participación de las provincias y de todos los organismos con competencia en la materia.

Pedrali sostuvo que “el Gobierno nacional está haciendo un uso político de esta problemática, sin buscar soluciones reales ni políticas públicas integrales para abordar la inseguridad en la Argentina, incluso en los casos que involucran a jóvenes”. Además, cuestionó la falta de consensos en torno al proyecto, al señalar que “el Poder Ejecutivo presentó esta iniciativa el año pasado sin lograr los acuerdos necesarios para su tratamiento y vuelve a insistir este año, aun cuando ya la modificó en dos oportunidades durante la misma semana”.

La diputada también puso en duda el sustento estadístico del proyecto y precisó que los hechos delictivos que involucran a menores representan aproximadamente el 3 % a nivel nacional y menos del 1 % en la provincia de La Rioja, tratándose en su mayoría de delitos contra la propiedad.

Asimismo, aclaró que no se opone a la actualización del régimen penal juvenil, pero advirtió que cualquier reforma debe respetar los estándares de derechos humanos. “Creemos que es necesario revisar la ley vigente y avanzar hacia una nueva legislación que no sea regresiva, con una mirada centrada en las infancias y adolescencias, y que establezca un fuero específico para menores en conflicto con la ley, claramente diferenciado del régimen penal de adultos”, expresó.

En la misma línea, enfatizó que la problemática debe abordarse con planificación, presupuesto adecuado y fortalecimiento institucional. “La realidad existe y debe ser atendida, pero requiere políticas públicas integrales que incluyan el fortalecimiento de los juzgados, las defensorías y los dispositivos de acompañamiento”, afirmó.

Reunión con profesionales de Niñez y Adolescencia

En este contexto, la diputada nacional mantuvo una reunión con profesionales del área de Niñez y Adolescencia, con el objetivo de analizar la iniciativa desde la realidad provincial. Del encuentro participaron la secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Lucía Díaz Chiavassa; el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Dr. Javier Aumada; la directora general de Niñez y Adolescencia, Dra. Belén Carrizo; la coordinadora del Dispositivo Penal Juvenil “Nueva Vida”, Dra. Estela Ponce; y el coordinador de Niñez y Adolescencia, Dr. Mariano López.

Tras la reunión, Díaz Chiavassa agradeció la convocatoria y destacó la importancia de aportar una mirada local al debate. “Valoramos que se convoque al equipo técnico y legal para analizar esta problemática y sumar una perspectiva provincial, tanto desde lo teórico como desde la práctica cotidiana”, señaló.

Además, advirtió que en La Rioja la delincuencia juvenil no tiene un impacto significativo y que la eventual aprobación de la ley sería perjudicial para los adolescentes. “Reducir una problemática estructural y multicausal a una respuesta punitiva implica criminalizar y penalizar a las infancias”, remarcó.

Finalmente, el equipo profesional coincidió en que la aprobación del proyecto representaría un retroceso en materia de derechos internacionales, al reinstalar un paradigma que deja de considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. “Es necesario fortalecer las políticas públicas y no legitimar la ausencia del Estado. Actuar solo después del delito implica no invertir en prevención, protección y garantía de derechos”, concluyeron.