La Justicia Federal de La Rioja recibió, por medio de una denuncia, un pedido de allanamientos en las sedes del PAMI de La Rioja y Córdoba, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos destinados a prestaciones médicas hacia empresas privadas, a través de convenios con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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El abogado querellante Adrián Vedia explicó, ante Medios El Independiente, que los recursos "se quitaban de las arcas del PAMI" y que las transferencias se realizaban fuera de los sistemas digitales establecidos, registrándose únicamente en expedientes físicos, lo que impide un control adecuado del destino del dinero.

Vedia detalló que la investigación se aceleró luego de la difusión de audios en los que el entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, admitía que se solicitaba un 3% de coimas para autorizar transferencias. Según el abogado, el responsable del PAMI en La Rioja, quien autorizaba los pagos, es tio de Martin Menem y Eduardo (Lule) Menem.

Los informes preliminares muestran que algunas empresas privadas recibían transferencias millonarias, muy por encima de los montos necesarios para las prestaciones de salud. Por ejemplo, la empresa KBCCA percibía alrededor de 130 millones de pesos mensuales, mientras que otras firmas vinculadas, como Yoja Cabeza SA, recibian pagos por cifras similares.

El abogado denunció que, a pesar de estas millonarias transferencias, se restringian los pagos a proveedores y a servicios médicos básicos, afectando directamente a los jubilados y beneficiarios del PAMI, quienes sufrían demoras en turnos, falta de prótesis y otras prestaciones esenciales.

En este contexto, Vedia destacó la necesidad de proteger a los testigos calificados que aportan información sobre las órdenes de transferencia y las irregularidades detectadas, y aseguró que los allanamientos solicitados permitirán asegurar pruebas y avanzar en la investigación del presunto entramado de corrupción.

El objetivo de la querella es que, de confirmarse los desvios, los fondos sean redirigidos correctarnente para garantizar a los afiliados, quienes aportan sus contribuciones de manera regular, y que se cumpla con la transparencia que exige la normativa vigente sobre manejo de fondos públicos.

La causa suma relevancia tras la renuncia del titular de ANDIS por denuncias de coimas, y pone en el centro del debate el control sobre las transferencias millonarias entre organismos nacionales y empresas privadas, en perjuicio de los beneficiarios del sistema de salud.

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