A la severa crisis económica y financiera que atraviesa el gobierno nacional se le sumó esta semana una nueva crisis política de alcance nacional e internacional porque su principal candidato en la provincia de Buenas Aires, José Luis Espert está incluido en un expediente de la justica de Texas (EE.UU.) por recibir 200 mil dólares de parte del supuesto narco “Fred” Machado.

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Un inicial silencio del actual diputado nacional y candidato por la LLA se convirtió en estos días en varias apariciones en los medios de comunicación porteños acusando al kirchnerismo de un armado mediático para perjudicarlo. Del propio sector libertario se trató de apartarlo de la lista, hasta que él mismo decidió admitir que los recibió como parte de pago de asesoramiento a una minera.

La confesión no encontró eco en una probable eliminación de la lista de candidatos, por el contrario, junto con la declaración de Espert el propio presidente de la Nación se inmoló al sostenerlo en un posteo: "@jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin", fiel a su costumbre de acusar a otros de sus propios errores sin tener en cuenta que la causa se tramita en Texas, EE.UU.

Riesgo “kuka” descartado

La misma estrategia usó el mandatario libertario respecto a la corrida del dólar pese a que Domingo Cavallo, el ex ministro de Carlos Menem y uno de los representantes más reconocidos de las ideas liberales y la derecha argentina salió en estos días a minimizar el efecto K en la crisis financiera y le reclamó a Milei, en coincidencia con la oposición, que el gobierno busque acuerdos políticos para consensuar las reformas económicas y recuperar la estabilidad financiera.

Cavallo acusó al gobierno de no estar en “condiciones de identificar y explicar con sinceridad y acierto la causa principal de la crisis que se está viviendo y seguirá apelando a culpar a la herencia recibida y al riesgo ‘kuka’”. Esta postura también es sostenida por un sector de “dueños de la Argentina”, los empresarios más poderosos, sin embargo, lo siguen apuntalando en el afán de las reformas laborales y de desregulación económica que modificará el vínculo con los trabajadores.

La crisis, la desfinanciación de organizaciones de la salud y universitarias más los escándalos de corrupción son motivo de continuo análisis y evaluación con decenas de encuestas que marcan el efecto que tendrá sobre el electorado en las elecciones del 26 de este mes. Todavía, los libertarios concentran un núcleo básico que los ilusiona, por eso atacan constantemente al peronismo. Además, por su propio perfil autoritario y unitario, no logran conectar con la oposición dialoguista -representada por los siete gobernadores agrupados en Provincias Unidas- tal la exigencia de Estados Unidos para apoyar la gestión tanto que un nuevo viaje del equipo económico expone las dudas.

Internamente tampoco aúnan criterios. Por ahora triunfó la postura de Milei de sostener a Espert, por lo que la próxima movida vendrá del lado de los descontentos representados por Patricia Bullrich y otros, salvo que antes actúe el Congreso y disponga expulsarlo teniendo en cuenta que hay presentaciones al respecto.

Al cierre de esta columna, crecía el apriete sobre el Presidente para que lo “baje” de la lista, versión que surgió tras una nueva reunión del ex presidente Macri con Milei, en medio de las conversaciones que venían manteniendo para reflotar la alianza. Sin embargo, en una reunión con Espert, el presidente lo ratificó tras febriles encuentros sobre la medianoche de este viernes.

Campaña local

La campaña electoral en La Rioja por parte del justicialismo se concentra exclusivamente en atacar las políticas de ajuste y ahora los graves hechos de corrupción que involucran a los libertarios. La estrategia, en la Capital y en interior es la visita a los barrios, las reuniones con los vecinos e intercambio virtual a través de las redes sociales donde los sectores políticos más afines con la era digital, aprovechan mejor.

En la Capital, se suman encuentros en organismos públicos, ocasión en la que se aplica lo que llaman campaña del “voto seguro”, en el sentido de asegurar que quienes son peronistas o acompañan al peronismo por convicción, vayan a votar.

Sin embargo, hay sectores del peronismo en desacuerdo con esta estrategia porque aparecieron algunas planillas firmadas por empleados públicos que comprometen el voto luego de reuniones hechas en las oficinas públicas. Quienes critican la modalidad temen que sean usados para denunciar “aprietes, amenazas, controles” o un intento de “obligar” al empleado a votar por el PJ. Habría destacados y encumbrados dirigentes cuestionando el sistema.

El voto seguro es defendido en las redes por el ministro Harry Pérez que enarbola la candidatura de Gonzalo Becerra, tercero en una de las listas. El rechazo a esta forma de captar el voto se enfrenta a la tradicional tarea militante de visitar o hacer reuniones en los barrios para hablar con los vecinos fundamentando las políticas del peronismo, sin necesidad de comprometerlo a que adhiera, sino que compare los beneficios de una u otra política y luego decida.

Los problemas estallan

El otro objetivo del peronismo es evitar el debate de temas locales, menos aun dar respuesta a las demandas sociales más evidentes como la falta de transparencia que implica rendición de cuentas públicas y eficiencia en los servicios del Estado. Evitarlos no significa que no estén presentes. Esta semana estallaron dos problemas que ponen sobre el tapete la falta de soluciones a cuestiones que se vienen reclamando hace tiempo y no encuentran respuesta.

Uno fue la sentada en la calle, por varias horas, de estudiantes del Colegio Provincial N°1 “Joaquín Víctor González” interrumpiendo el tránsito por “un caso de bullying” que provocó que una alumna lleve más de un mes sin asistir a clase. “Nuestra preocupación es que los directivos del Colegio no están haciendo nada para resolver el problema. Queremos que nuestra compañera pueda volver a estudiar y terminar la secundaria”, expresó uno de los estudiantes en diálogo con Medios El Independiente ante una cronista que se mantuvo en forma permanente durante toda la protesta para seguir el conflicto.

Como lo dijeron los propios compañeros no es el único caso, se sabe que se repiten por decenas en las escuelas riojanas y no hay un accionar concreto de las instituciones educativas por abordar una solución, a veces se elaboran propuestas, pero no se ejecutan.

¿Y el protocolo?

La ley 10.656 estableció para La Rioja un protocolo de intervención muy detallado sobre qué debe hacer una institución escolar ante la detección de un caso. ¿Por qué no se aplica? Es cierto que esta ley tiene apenas dos años, pero desde la sanción de la Ley Federal de Educación en1993 se propone un abordaje específico para mejorar la convivencia escolar.

Los docentes, en general se quejan que no están capacitados, aunque los cursos que recomiendan cómo abordar y mejorar la convivencia escolar han sido constantes desde provincia y Nación. Un consejo que suelen dar los especialistas es que apenas ocurre un hecho de agresión o violencia en el aula, aún mínimo, debe ser tratado de inmediato, aunque el docente tenga que parar la clase.

Estas intervenciones, en el marco de los actuales grupos escolares donde prevalece la violencia verbal o física con climas de clase poco propicios para la enseñanza aprendizaje el actuar de inmediato implica un desgaste profesional, físico y emocional muy fuerte y un liderazgo docente que conduzca la mediación desde una postura imparcial. Con docentes que salen corriendo de una escuela para ir a otra se torna cuanto menos complejo actuar con empatía y asertividad.

Retardo judicial

Fue el propio Tribunal Superior de Justicia, en un hecho poco cotidiano, el que, a través de la Secretaría de Superintendencia, realizó una auditoría en los juzgados de Instrucción Penal y de Violencia de Género de Chamical. El informe detectó demoras significativas en causas de alto impacto social.

No es necesario que el TSJ realice auditorias para que el reclamo por más agilidad sea un clamor de víctimas y victimarios.

¿Por qué hay retardo en la justicia? El informe midió indicadores como tiempo de primera respuesta, índice de congestión, tasa de acumulación e índice de resolución, sin precisar causas de la demora. Un juez de Chilecito que asumió hace poco reflotó una causa por abuso sexual, nueve años inactiva. Cuando se le preguntó cómo agilizarla respondió: trabajar mañana y tarde. Un funcionario judicial de alto rango reconoció, la escasa dedicación de magistrados y los empleados reclaman mejores salarios.

La mora judicial no es privativa de La Rioja. Por el caso del triple crimen y femicidio de las adolescentes en Buenos Aires, un periodista porteño reconoció que la disputa entre justicia provincial o federal -por esta u otras causas-, no tiene que ver con competencias, sino que se quieren sacar de encima hechos que implican mucho trabajo. La reforma constitucional riojana prevé juicio político jueces y juezas que incurran en demoras. ¿Se aplicará? O ¿se perderá en las buenas intenciones de la letra?

En tiempos electorales, debería ser tema de debate enfocando la discusión a las causas y las soluciones de problemas tan sensibles para la comunidad. 

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