Un nuevo estudio reveló que casi 9 millones de personas ocupadas en Argentina trabaja de forma precaria. La cifra impacta especialmente entre cuentapropistas y asalariados del norte del país.

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La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino: según un relevamiento reciente, el 42% de las personas ocupadas en el país trabaja sin aportes, cobertura médica ni derechos básicos garantizados.

La cifra -que surge del último informe de Argendata, un sitio de datos de FUNDAR curado por Daniel Schteingart-, equivale a unos 8,8 millones de trabajadores, de los cuales 5,5 millones son asalariados que no reciben aportes de parte de su empleador, y 3,3 millones son trabajadores no asalariados, como cuentapropistas o patrones, que tampoco están registrados en el sistema previsional. El número revela una problemática estructural que se profundiza en determinados sectores y regiones del país.

Entre los asalariados, la tasa de informalidad es del 36%, pero se eleva al 57% entre los trabajadores independientes. Dentro de este último grupo, los cuentapropistas alcanzan una informalidad del 62%, mientras que los patrones, generalmente dueños de pequeñas empresas, presentan una tasa inferior al 20%.

Uno de los factores clave que explica la informalidad es la actividad económica en la que se desempeñan los trabajadores. Las tasas son bajísimas en sectores de alta formalidad, como el petróleo, la minería, las finanzas o los servicios profesionales, donde están por debajo del 15%. En cambio, en sectores como el agro, la construcción, la gastronomía o el servicio doméstico, más del 60% de los trabajadores están por fuera del sistema formal.

 

La ubicación geográfica también marca diferencias abismales: las provincias del Norte Grande concentran las mayores tasas de informalidad asalariada. En provincias como Salta, Santiago del Estero o Tucumán, más de la mitad de los asalariados no están registrados. Estas regiones presentan un bajo PBI per cápita, escasa densidad empresarial y estructuras productivas asociadas a actividades con alta informalidad, como la agricultura o la economía popular.

 

Por el contrario, las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires muestran los menores niveles. En jurisdicciones como Santa Cruz, Tierra del Fuego o Neuquén, la informalidad asalariada es inferior al 20%, impulsada por la presencia de grandes empresas, industrias intensivas en capital y una cultura empresarial más alineada con la formalidad.

 

En el caso de la CABA, la elevada densidad de empresas formales, la presencia de sectores de servicios de alto valor agregado, como los jurídicos, financieros o tecnológicos, y un consumo con mayor capacidad adquisitiva, empujan al empleo hacia la formalidad. A su vez, los consumidores tienden a exigir servicios y productos legales, lo que desincentiva el trabajo informal.

 

Históricamente, la informalidad en Argentina ha ido en aumento, aunque con altibajos. En los años ‘80, el 27% de los asalariados estaba en negro. Esa cifra trepó al 49% tras la crisis de 2001. Luego bajó de manera significativa entre 2003 y 2011, acompañando el crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato institucional. Sin embargo, desde 2015, el número volvió a subir y actualmente ronda el 36% entre asalariados.

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