Con la publicación, en la edición de este viernes 23 del Boletín Oficial de la provincia, entró en vigencia la ley N°10908 que estableció la conducción civil de la Policía de la Provincia y un organismo externo para investigar las conductas policiales. Da autonomía al Servicio Penitenciario que se hará cargo de la Alcaidía y los detenidos con causas penales. Un foro con miembros de la comunidad en cada comisaría y otras reformas dependerán de la reglamentación y nuevas leyes.

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Uno de los ejes centrales de la reforma es el cambio en la conducción de la fuerza. Históricamente, la policía se encontraba estructurada y pensada desde una máxima conducción unipersonal a cargo del jefe de policía. Con la nueva ley, se establece una claridad conceptual: la máxima autoridad pasa a ser el gobierno civil y el gobernador, en conjunto con el jefe de policía, se informó desde el ministerio de Seguridad de la provincia.

De esta manera, el sistema se moderniza y se adecúa a los tiempos actuales, rompiendo con la lógica de instituciones aisladas que tomaban decisiones de manera autodeterminada y democratizando la gestión de la seguridad. Además, la ley prevé la participación activa de la comunidad y de los ciudadanos, posicionándolos como sujetos de derecho y actores principales en la planificación y el diagnóstico de los problemas de seguridad.

La normativa busca dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas para transparentar su gestión, fortaleciéndolas mediante mecanismos institucionales claros sin quitarles facultades.

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