El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó orden judicial impuesta por la jueza de Instrucción Sandra Molina de Aimogasta, Departamento Arauco. Esta orden, prohíbe a diversos comunicadores sociales y radios locales a referirse a la senadora Florencia López, oriunda del lugar.

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FOPEA rechazó la orden judicial dictada por la jueza de instrucción de Aimogasta, que prohíbe a los periodistas Javier Díaz, Matías Ábrego y a integrantes de las emisoras: Argentina 103.5 y Activa 104.7, a referirse a la senadora Florencia López.

Desde el Foro consideraron que esta medida judicial “Constituye un acto de censura contra dos medios y su personal, y fue adoptada luego de que la senadora nacional presentara una denuncia de 30 hojas aduciendo violencia de género y violencia política”.

La orden de la jueza Sandra del Valle Molina dispuso “El cese inmediato de todo hostigamiento (…) y la prohibición de comunicación y contacto” con la senadora, oriunda de esa ciudad y ex intendenta. También ordenó la eliminación de todos los audios y videos, podcast, publicaciones, placas gráficas y posteos denigrantes alojados en sus redes sociales, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia. La resolución de la jueza no tiene fecha de caducidad.

FOPEA recuerda a la senadora Florencia López y a la jueza Molina que “Quien ejerce cargos de representación en un sistema democrático está sujeto al escrutinio público, y debe estar dispuesto a afrontar críticas –aun cuando estas sean mordaces o severas-, como parte de su obligación constitucional de rendir cuentas de sus actos en ejercicio de la función pública”.

Sostiene que “En caso de que la senadora entendiera que se ha cometido algún exceso en el uso de la libertad de expresión o la profesión periodística, cuenta con herramientas como el derecho a réplica para hacer valer sus argumentos”.

“La censura, el intento de amordazar a un medio crítico, no es una opción plausible en una democracia. El desequilibrio de poder entre un funcionario o parlamentario y un medio de comunicación de una pequeña ciudad es muy grande, y la prohibición de hablar de una senadora nacional resulta una orden abusiva e inaceptable en el marco de un estado de derecho”, manifestaron desde FOPEA. 

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