El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de La Rioja; a cargo del juez subrogante Dr. Daniel Barria; ordenó la reserva de las actuaciones y también a las partes abstenerse de divulgar diligencias procesales a terceros ajenos al proceso hasta que concluya la investigación.

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La medida fue adoptada mediante este 14 de agosto de 2026, en el marco de la investigación que se tramita en un expediente por homicidio, en la que se tuvo especialmente en cuenta el estado de la investigación y el carácter reservado que reviste el sumario respecto de terceros ajenos al proceso.

En otra resolución, la Justicia morigeró la medida que pesa sobre los dos imputados y dispuso que continúen privados de su libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con estrictas restricciones y controles policiales.

 

Reserva para preservar la investigación

En su resolución, el Juzgado señaló que se evidencia una mediatización de la investigación que podría resultar perjudicial para su marcha y esclarecimiento.

Por ese motivo, se ordenó la reserva de las actuaciones y se notificó a las partes intervinientes que deberán abstenerse de publicitar o proporcionar a terceros ajenos al proceso información relacionada con las diligencias procesales realizadas y aquellas que se lleven adelante en el futuro.

La restricción permanecerá vigente hasta la conclusión de la investigación, de conformidad con lo establecido por el artículo 214 del Código Procesal Penal de La Rioja.

La decisión procura de esta manera preservar el normal desarrollo de las medidas probatorias pendientes y resguardar la investigación judicial mientras continúa la producción de elementos destinados al esclarecimiento del hecho.

En ese marco, el Juzgado también dispuso continuar con la recepción de prueba testimonial y fijó audiencias para la próxima semana, para recibir las declaraciones de dos personas convocadas como testigos.

 

Los imputados continuarán privados de su libertad bajo prisión domiciliaria

Por otra parte, en una resolución dictada también el 14 de agosto, el juez subrogante del Juzgado de Instrucción N.º 1, Dr. Daniel Barría, resolvió la solicitud de excarcelación formulada por la defensa de las dos personas imputadas en la causa.

Luego de analizar los argumentos de la defensa y la posición del Ministerio Público Fiscal que, se pronunció respecto de la excarcelación, el magistrado dispuso morigerar la medida cautelar de coerción personal, sustituyendo el alojamiento en el centro de detención por la modalidad de prisión domiciliaria, conforme al artículo 333 del Código Procesal Penal.

La resolución consideró, entre otras circunstancias, el arraigo familiar y laboral acreditado, la ausencia de antecedentes penales computables, la colaboración de los imputados al someterse al proceso y la puesta a disposición del Tribunal de bienes registrables en calidad de caución real.

Asimismo, el juez sostuvo que, aunque la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y existe prueba testimonial pendiente, los riesgos procesales pueden ser neutralizados mediante una medida cautelar menos gravosa que el encierro en un establecimiento de detención.

 

Estrictas prohibiciones y reglas de conducta

La prisión domiciliaria deberá cumplirse en los domicilios aportados por los imputados y estará sometida a reglas de conducta de cumplimiento obligatorio durante toda la tramitación del proceso.

Entre ellas, el Juzgado estableció la prohibición absoluta de ausentarse o mudarse de los domicilios fijados sin autorización judicial previa y escrita.

También dispuso la prohibición estricta de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos de la causa, la víctima, querellantes o sus familiares. La restricción comprende contactos físicos, telefónicos, por línea fija o celular y comunicaciones mediante plataformas digitales, correo electrónico o redes sociales, tanto de manera directa como a través de terceras personas.

El control y vigilancia del cumplimiento de la prisión domiciliaria estará a cargo del personal de la comisaría correspondiente a cada jurisdicción, que deberá efectuar rondas periódicas de constatación en los domicilios y comunicar inmediatamente al Tribunal cualquier anomalía o incumplimiento detectado.

El incumplimiento puede provocar el reingreso al establecimiento de detención

La resolución establece además que los imputados deberán ser notificados personalmente de todas las condiciones impuestas.

El Juzgado les hará saber expresamente que cualquier incumplimiento injustificado de las medidas ordenadas podrá encuadrar en el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal, y dará lugar a la revocación inmediata de la prisión domiciliaria y al reingreso al establecimiento de alojamiento. 

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