Marcela Fernández, directora general del Consejo de Adultos Mayores de la UPAM, adelantó en diálogo con Radio Independiente los alcances del anteproyecto de la Ley Integral de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, elaborado por el organismo y que busca reemplazar la actual Ley 9.623, considerada desactualizada frente a los nuevos paradigmas de protección de derechos.

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El proyecto fue elaborado por un equipo técnico interdisciplinario del Consejo de Adultos Mayores y tiene como objetivo establecer un nuevo marco normativo para el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de las políticas públicas destinadas a las personas mayores.

“Nuestro equipo técnico interdisciplinario ha generado por segunda vez esta ley, para empezar a dar el marco normativo que debe tener todo el funcionamiento de las instituciones, que son tan importantes, y que regula la aplicación de las políticas públicas”, explicó Fernández.

En este sentido, remarcó la necesidad de actualizar la legislación provincial y adecuarla a los principios establecidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que forma parte del marco jurídico argentino.

“No nos podemos quedar sin tener una ley que se adecue a la Convención Interamericana de Derechos de la Vejez”, sostuvo.

Fernández destacó que la elaboración del anteproyecto incluyó una instancia de consulta con los propios destinatarios de la futura normativa: las personas mayores.

Para ello, se realizaron consultas a través de centros de jubilados, obras sociales, gremios y sindicatos, además de los alumnos de los talleres de la UPAM.

Asimismo, el proyecto fue remitido a distintos ministerios y organismos provinciales, entre ellos la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Empleo, además de consejos y colegios profesionales, con el objetivo de recibir aportes y enriquecer la propuesta.

“Es una ley que ha recibido también el aporte y el apoyo de todas las áreas de adultos mayores de cada municipio de la provincia, que tienen otras vivencias y otra realidad”, destacó Fernández.

Entre los principales aspectos contemplados por la nueva legislación se encuentran el derecho a la educación, a la conectividad y al acceso a las nuevas tecnologías, con especial énfasis en el aprendizaje del uso de la telefonía móvil y otras herramientas digitales.

El objetivo, explicó Fernández, es evitar que las personas mayores queden excluidas de los sistemas y servicios que actualmente requieren herramientas tecnológicas.

Otro de los puntos destacados es el derecho a establecer medidas anticipadas, que permitirían a las personas mayores expresar, con el acompañamiento de un escribano, determinadas decisiones respecto de cuestiones vinculadas con su salud, patrimonio y otros aspectos de su vida, para el caso de que en el futuro no cuenten con todas sus facultades para decidir.

En este marco, Fernández hizo hincapié en la importancia de que las personas mayores conozcan y ejerzan sus derechos, entre ellos el derecho a la recreación y a decidir libremente cómo utilizar su tiempo libre.

La iniciativa busca, de esta manera, actualizar el marco legal provincial y avanzar hacia una concepción de la vejez basada en la autonomía, la participación y el pleno ejercicio de los derechos.

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