El colectivo de organizaciones autoconvocadas nucleadas en “Cooperativas Unidas y Organizadas de La Rioja” celebra el primer aniversario de su conformación. La fecha coincide con el Día Internacional de las Cooperativas -que se conmemora hoy-proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Este espacio riojano de la economía social, reveló un gran poder de convocatoria en apenas un año de existencia, logrando confluir entre sus integrantes a las dos federaciones provinciales —FECOLAR y FERCOA— junto a un gran número de organizaciones no federadas. En total, el colectivo nuclea a más de 60 entidades con actividad en diversos rubros y presencia en todo el territorio provincial.

 

Puntos en común

Los referentes del sector destacaron la madurez alcanzada por el movimiento: “Existe una convicción profunda sobre la necesidad de organizarnos, unificar esfuerzos, visibilizarnos y articular acciones para trazar objetivos comunes. Esto es lo que nos permite desarrollarnos, crecer y, sobre todo, defender el trabajo en un contexto sumamente difícil”.

Sin embargo, desde la Mesa también señalaron la falta de acompañamiento estatal: “No estamos en contra de nadie y siempre manifestamos nuestra vocación de ser parte de la solución. Pero entendemos que existe un retraso estructural en las políticas públicas oficiales. No se mira al sector como un actor estratégico para sostener puestos de trabajo, producción y contención social. Eso, claramente, no está en la agenda del Gobierno provincial; existen acciones aisladas, pero no un plan articulado y sostenible”.

 

Ley N° 8.901 paralizada

Uno de los puntos más críticos expuestos por el sector es la falta de reglamentación de la Ley N° 8.901 de “Fomento Cooperativo”, sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados de La Rioja en diciembre de 2010. Esta norma clave brinda herramientas para promover la economía solidaria y lograr una interacción virtuosa entre las cooperativas, las mutuales y el Estado. El impacto de aplicarse la Ley, se traduciría en generación de puestos de trabajo cooperativo, promoviendo un fuerte arraigo en los territorios por la generación de labores y perspectivas de futuro para las nuevas generaciones.

En octubre del año pasado, el colectivo obtuvo el compromiso del gobernador Ricardo Quintela, quien manifestó que pondría "inmediatamente a trabajar a los asesores con el fin de reglamentar la ley", reconociendo que era su primer contacto con dicha inquietud. A pesar de aquel compromiso, el trámite sigue paralizado.

“A pesar de la voluntad genuina que mostró el Gobernador, no vemos esa misma disposición en la cadena de funcionarios inferiores para cumplir con la orden del mandatario. Es lamentable y llamativo, porque terminan contradiciendo al propio Gobernador con muestras de evidente desidia”, fustigaron desde la Mesa.

Además, revelaron que, tras mantener reuniones con diferentes funcionarios oficiales, la última respuesta recibida fue que debían "seguir intentando" solicitar la reglamentación por vías formales como sector interesado. “Esa respuesta solo estira los tiempos de una ley que, en su momento, fue ejemplo para el resto del país. Hoy hemos retrocedido enormemente. Las provincias que nos tomaban como modelo crearon ministerios o secretarías dedicadas al sector, conformaron consejos consultivos y transparentaron los fondos específicos que llegan para el fomento cooperativo”.

• Ante este escenario de parálisis, adelantaron: “Estamos evaluando con nuestro equipo de letrados los pasos legales a seguir. Vemos una excesiva mora por parte del Ejecutivo y, además, están en juego fondos de origen federal con afectación específica cuya aplicación desconocemos”.
• Fondo de Educación y Promoción Cooperativa

La Ley Nacional N° 23.427 creó el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa con el fin de garantizar recursos permanentes para expandir el movimiento en el país. Este fondo se nutre de una contribución especial anual que realizan las propias cooperativas de todos los rubros. El INAES administra estos recursos y los distribuye de manera federal a través de la coparticipación provincial, con destino exclusivo a capacitación, promoción, fomento, asistencia técnica y organizativos. Es allí donde la ley nacional articula con la ley provincial N° 8.901, cuya falta de reglamentación genera un "gris" institucional sobre el destino del dinero.

“Tenemos constancia de que en el año 2025 ingresaron a La Rioja más de 580 millones de pesos por este concepto, los cuales gotean diariamente junto a la coparticipación nacional. Este año los registros muestran cifras también importantes, pero no vemos que ese dinero se aplique al objeto que dicta la ley”, denunciaron con firmeza.

A modo de cierre, desde Cooperativas Unidas y Organizadas manifestaron: “Nos genera una profunda incertidumbre el manejo de estos fondos que por ley deberían alentar al movimiento. Los recursos están, lo que falta es voluntad política para aplicarlos. Esperábamos tener una buena noticia y celebrar este Día Internacional del Cooperativismo con la ley reglamentada. Ojalá así suceda a último momento, pero la realidad es que no percibimos intenciones de las autoridades en esa dirección”. 

 

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