El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó que el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de La Rioja permitirá fortalecer estudios y proyectos vinculados a la expansión urbana, el acceso al agua y la seguridad jurídica, tres aspectos considerados clave para el desarrollo ordenado de la provincia.

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El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó que los convenios suscriptos entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) permitirán avanzar en tres ejes estratégicos para el futuro de la provincia: la expansión urbana, el acceso al agua y la seguridad jurídica.
El funcionario explicó que el trabajo conjunto con la casa de altos estudios apunta a fortalecer la planificación territorial y generar herramientas que permitan ordenar el crecimiento de las poblaciones, garantizar derechos fundamentales y consolidar políticas públicas de largo plazo.
“Es importante trabajar de manera interinstitucional y avanzar en temas que constituyen verdaderas políticas de Estado. Los convenios firmados se apoyan sobre tres ejes fundamentales: la expansión urbana, el derecho al agua y la seguridad jurídica”, sostuvo.

Planificar el crecimiento de las ciudades
Respecto al primero de esos ejes, Puy Soria señaló que la expansión urbana constituye un desafío transversal para los 18 departamentos de la provincia y remarcó la necesidad de definir criterios de crecimiento sostenibles para las distintas localidades.
En ese sentido, puso como ejemplo la ciudad Capital, donde el crecimiento hacia el sector sur plantea nuevos desafíos vinculados a la provisión de servicios, la topografía y la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo urbano.
“Se torna fundamental poder trabajar con arquitectos, urbanistas, ingenieros y con el Departamento de Ciencias Aplicadas de la UNLaR para planificar hacia dónde deben crecer nuestras ciudades y poblaciones”, indicó.

El agua como derecho y eje de planificación
En relación con el acceso al agua, el ministro destacó la reforma constitucional impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, que incorporó este recurso como un derecho humano fundamental.
Asimismo, remarcó la necesidad de profundizar los estudios y diagnósticos que permitan planificar su distribución de manera equilibrada en todo el territorio provincial.
“Tenemos que determinar y cuantificar cuánta agua hay para poder establecer políticas públicas que entiendan, con razonabilidad y equilibrio, cómo debe distribuirse este recurso, priorizando siempre el consumo humano”, señaló.
Puy Soria destacó además que La Rioja presenta indicadores destacados en materia de acceso al agua potable.
“Según los datos del último censo, el 94 por ciento de los habitantes tiene cañería instalada en su vivienda. Es una de las provincias argentinas con mayor índice de acceso al agua de calidad. Esto no es un hecho menor, es una política de Estado”, afirmó.

Seguridad jurídica y acceso a la vivienda
El tercer eje planteado por el funcionario está vinculado a la seguridad jurídica, un aspecto que consideró fundamental para garantizar derechos y consolidar el desarrollo de las comunidades.
En ese sentido, resaltó que cerca del 80 por ciento de la población riojana habita viviendas de su propiedad, resultado de políticas públicas sostenidas en materia de construcción de viviendas y regularización dominial.
“La Rioja es una de las provincias que más ha avanzado en materia de seguridad jurídica. Esto es producto de una fuerte política habitacional y de regularización dominial que permitió brindar certezas a miles de familias”, expresó.
Finalmente, Puy Soria destacó que el trabajo conjunto con la Universidad permitirá incorporar conocimiento técnico y científico a la definición de políticas públicas estratégicas.
“Estas son fortalezas que tiene nuestro Gobierno y que estamos poniendo a disposición de los sectores del conocimiento y de los futuros profesionales. Es un acierto del gobernador avanzar en estos convenios, porque permitirán que las distintas áreas del Ministerio trabajen de manera articulada con la Universidad para fijar objetivos que deben ser razones de Estado y no políticas partidarias”, concluyó.

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