El episodio se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario recomendó públicamente el token $LIBRA, presentado como una iniciativa destinada a financiar empresas argentinas. Según la reconstrucción del libro, el impacto fue inmediato: en apenas dos horas algunas cuentas habrían obtenido ganancias cercanas a los ocho millones de dólares, mientras que más de 114 mil billeteras digitales participaron de la operación.

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El furor, sin embargo, fue efímero. Durante unas cuatro horas, distintos funcionarios y referentes del espacio político La Libertad Avanza replicaron el mensaje del Presidente, hasta que el valor del activo digital se desplomó abruptamente. El derrumbe dejó miles de afectados y derivó en investigaciones judiciales tanto en la Argentina como en Estados Unidos.

De acuerdo con una demanda colectiva presentada en Nueva York, unas 75.000 personas habrían resultado damnificadas por la maniobra. En ese marco, el libro sostiene que las causas judiciales abiertas en ambos países apuntan a un presunto esquema de fraude que superaría los 100 millones de dólares.

La investigación de Alonso examina documentos, peritajes y testimonios que, según el autor, evidenciarían movimientos coordinados en torno al lanzamiento del token. Entre ellos se mencionan operaciones previas al tuit presidencial, retiros súbitos de liquidez y una compleja red de billeteras digitales que habría permitido ocultar ganancias obtenidas en las primeras horas de circulación del activo.

Uno de los puntos centrales del caso es el vínculo entre los creadores del proyecto y personas cercanas al entorno presidencial. El financista Hayden Mark Davis aparece señalado como uno de los impulsores del token, mientras que también se mencionan los nombres de Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían mantenido reuniones en la Casa Rosada tras gestiones atribuidas a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

En declaraciones radiales, Alonso afirmó que el núcleo del escándalo radica en la difusión de un negocio privado desde una cuenta oficial del Estado. “El presidente se pone nervioso porque hizo trampa”, sostuvo el periodista, al remarcar que la promoción del criptoactivo se realizó desde una cuenta con identificación institucional.

El autor también advirtió sobre las posibles consecuencias judiciales del caso. “Puede tener destino de tobillera en el mejor de los casos o de cárcel común”, señaló, en referencia a la eventual responsabilidad penal que podrían determinar los tribunales.

Para Alonso, el episodio ya se transformó en un caso emblemático que expone las zonas grises del ecosistema cripto y la relación entre poder político, financiamiento y tecnología. A un año del estallido del escándalo, el libro busca reconstruir una trama que, según sostiene, todavía puede tener derivaciones judiciales y políticas de gran escala.

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