
El Tribunal del juicio adhirió al pedido del fiscal de Cámara, José Oliveros Icazatti, y condenó a 18 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad, y de agredir y amenazar de muerte a su expareja. Además, por solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos fueron declarados en un contexto de violencia contra la mujer.
Durante la audiencia de lectura de sentencia, la justicia provincial declaró a un hombre de 41 años como autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso Sexual con Acceso Carnal Calificado por el Vínculo, Amenazas y Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo y por Mediar Violencia de Género”, todo en “Concurso Real” (artículos 119, tercer y cuarto párrafo inc. «b»; 149 bis, primer párrafo; 89 y 92 en función del artículo 80 incs. 1 y 11; y artículo 55 del Código Penal Argentino).
En este marco, el Tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal del imputado tras el debate oral en el que intervino el fiscal de Cámara José Oliveros Icazatti, acompañado por la ayudante fiscal Melina Brizuela.
A lo largo del juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal logró demostrar que el condenado cometió delitos en contra de la integridad sexual de su hija menor de edad desde que la niña tenía 10 años, luego de haber iniciado con tocamientos previos, consumando las agresiones tanto en viviendas particulares como en zonas descampadas cercanas.
Por otro lado, se acreditó que en enero de 2022 agredió físicamente a su entonces pareja en su domicilio, donde la empujó contra una pared provocándole golpes en la cabeza y el rostro, para luego tomar un encendedor y amenazarla de muerte con quemarla.
En relación con la gravedad de estas conductas y el entorno intrafamiliar en el que se desarrollaron, el Tribunal —integrado por la jueza Sara López Douglas como presidente y los jueces vocales Edith Agüero y Mauricio Pérez Mota— hizo lugar al planteo de la Fiscalía y encuadró formalmente el caso bajo las normativas vigentes en materia de violencia contra la mujer (Leyes N° 26.485, 24.632 y 8.561).
Finalmente, se dispuso que el condenado continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial para dar cumplimiento efectivo a la pena de 18 años de prisión impuesta.