El femicidio de Jessica Verónica Mercado, ocurrido en la ciudad de La Rioja, volvió a poner en discusión la efectividad de las medidas de protección dictadas en casos de violencia de género.

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Tras el hecho, la Secretaría de la Mujer advirtió sobre un dato alarmante: más del 70% de las mujeres que acompañan en sus dispositivos denuncian incumplimientos de las medidas judiciales de protección.

"Todos los días, desde nuestros dispositivos, vemos cómo se recrudecen las modalidades de violencia. Más del 70% de las mujeres que acompañamos denuncian incumplimientos de medidas de protección, lo que implica situaciones de alto riesgo para sus vidas", señala el documento oficial.

En el comunicado, el organismo remarcó que continúa con el seguimiento de los casos, el acompañamiento a las mujeres y el monitoreo de varones denunciados, dentro de las competencias institucionales que le corresponden.

"Como sociedad debemos dejar de poner la lupa sobre las denuncias de las mujeres y enfocarnos en las violencias que ejercen los agresores", agregaron.

Desde la Secretaría indicaron además que Jessica Mercado había recibido acompañamiento institucional, en el marco de las herramientas y responsabilidades del área. "Estuvimos junto a Jesica con las herramientas y competencias propias de nuestra Secretaría, sosteniendo en tiempo el acompañamiento institucional", señalaron.

El organismo también expresó su pesar por el desenlace del caso. "Nos duele profundamente su femicidio y lamentamos que una familia entera esté atravesando este dolor", manifestaron.

Tras el crimen, indicaron que se incrementaron las consultas y asesoramientos de mujeres en situación de violencia, lo que vuelve a evidenciar según sostienen la necesidad de fortalecer los equipos y políticas públicas destinadas a la prevención y acompañamiento.

Antecedentes judiciales y medidas de protección 

Documentos judiciales incorporados al caso muestran que existían antecedentes de violencia y medidas de restricción previas. En una resolución del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°1, se habían dispuesto medidas de protección para Jessica Mercado contra Justino Miguel Angel Ruarte. Entre las disposiciones se establecia la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros al domicilio, lugar de trabajo y sitios que frecuentara la víctima, además de la prohibición de comunicación por cualquier medio, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes o redes sociales.

También se ordenaba el cese de cualquier acto de perturbación o intimidación, y se facultaba a la Comisaría Tercera para la notificación y control del cumplimiento de las medidas. Asimismo, se disponía la intervención de la Secretaría de la Mujer para el monitoreo de la situación.

Las medidas tenían un plazo inicial de 120 días, prorrogable en caso de persistir la situación de riesgo.

Condena previa por desobedecer la Justicia 

Otro documento judicial indica que Justino Miguel Angel Ruarte ya había sido condenado el 5 de diciembre de 2025 por el delito de desobediencia a la autoridad en contexto de violencia de género, luego de incumplir medidas judiciales previas.

La sentencia estableció cuatro meses de prisión de cumplimiento condicional y la imposición de reglas de conducta durante dos años, entre ellas:

• Prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros.
• Prohibición de comunicación por cualquier medio 
• No cometer nuevos delitos.
• Someterse a tratamiento psicológico con perspectiva de género.
• Abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes.
• Realizar tareas comunitarias cuatro horas semanales.

Estas condiciones tenían vigencia hasta diciembre de 2027 y estaban bajo supervisión del Juzgado de Ejecución Penal y el Patronato de Liberados.

La pregunta que vuelve a aparecer 

De acuerdo con los registros del Observatorio Estadístico de la Secretaría de la Mujer, la mayoría de los femicidios ocurren en contextos donde existían antecedentes de violencia previa, y en muchos casos los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas.

"Por eso insistimos: las políticas públicas de prevención, acompañamiento y protección no deben debilitarse. Deben fortalecerse", concluye el comunicado.

Sin embargo, el caso vuelve a instalar una pregunta que atraviesa el debate público cada vez. que ocurre un femicidio: si existen medidas judiciales de protección y más del 70% de las mujeres denuncian que se incumplen, quién controla efectivamente que esas restricciones se cumplan y cómo se previenen nuevas agresiones.

 

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