El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó el Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencia Relacionada (Plan 90/10) con el objetivo de profundizar la baja sostenida en la tasa de homicidios a nivel nacional.

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La resolución forma parte del Plan Estratégico de Seguridad lanzado por el Gobierno nacional en diciembre de 2024. 

El Plan 90/10 focaliza la intervención del Estado en el 10% de los municipios del país —territorios que concentran el 70% de la población nacional y el 90% de los homicidios intencionales—, mediante estrategias coordinadas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional.

Los fundamentos de la norma advierten que los homicidios están frecuentemente asociados a otras formas de violencia, como la intrafamiliar y la juvenil. “Estas violencias, a su vez, retroalimentan un ciclo que aumenta la probabilidad de incidentes letales, por lo que es fundamental abordar estas dinámicas para tener un impacto sostenible en la reducción de homicidios”, señala la resolución.

En ese sentido, el plan se propone reducir los factores de riesgo, desarrollar políticas de prevención y fortalecer los vínculos de confianza entre las comunidades y las fuerzas de seguridad federales.

El Plan 90/10 se erige como una respuesta integral, basada en evidencia para reducir no solo las tasas de homicidios intencionales, sino también los factores asociados a la violencia en los territorios más afectados, sin dejar de atender demandas específicas de inclusión realizadas por los gobernadores provinciales a partir de evidencia empírica que surgen de fuentes de datos provinciales.

El plan asegura que ningún territorio quede desatendido, poniendo énfasis en garantizar la seguridad en cada barrio, pueblo y ciudad, para devolver la tranquilidad y el control de las calles a los ciudadanos. El enfoque es construir un futuro en el que la seguridad permita el desarrollo de las familias argentinas.

Fundamentos de la resolución

El Plan 90/10 surge de un diagnóstico preciso: si bien Argentina registra una tasa de homicidios menor que otros países de la región, existen focos críticos con altos niveles de violencia letal. Estas zonas —atravesadas por la narcocriminalidad, la marginalidad social y la pérdida de control estatal— concentran la mayoría de los homicidios del país.

Además de representar una tragedia humana, los homicidios provocan graves impactos económicos y sociales. Frente a esto, el Ministerio de Seguridad diseñó una estrategia integral de política criminal, centrada en recuperar el control territorial, fortalecer la justicia penal y prevenir nuevas formas de violencia.

El plan contempla intervenciones focalizadas con estrategias adaptadas a las características particulares de cada territorio; articulación multisectorial con coordinación entre fuerzas federales, gobiernos locales, justicia y sociedad civil. Asimismo, incluye a la inteligencia criminal y análisis delictual con uso de datos, tecnologías y patrones delictivos para operar con precisión. Sumado a esto, se contempla la prevención, control y persecución penal inteligente con  despliegue territorial combinado con investigación judicial y abordajes preventivos.

En este sentido, se plantean como objetivos desarticular redes delictivas y estructuras criminales que promueven la violencia letal, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y del sistema de justicia, para aumentar el esclarecimiento y la sanción de los homicidios; disminuir la circulación y el uso ilegal de armas de fuego.

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