El fascismo, lejos de ser un fenómeno anclado en el siglo XX, se reinventa en las democracias contemporáneas bajo nuevas estrategias y discursos. En Argentina, el neofascismo se disfraza de un supuesto republicanismo intransigente, de una antipolítica pretendidamente renovadora y de una exaltación del orden que no es más que la criminalización de la protesta. Su avance no responde a la emergencia de un líder carismático o de un partido único, sino a la penetración de un sentido común autoritario que normaliza el odio, la violencia y la desigualdad.

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Por Martín Illanez* 

De la manipulación emocional a la legitimación del odio. El neofascismo argentino no surge de la nada; se nutre de la crisis económica, del descreimiento en la política tradicional y de la fragmentación social. A través de medios de comunicación, redes sociales y discursos políticos, apela a emociones como el miedo y la frustración para fabricar enemigos internos: migrantes, piqueteros, docentes, jubilados que protestan. Su narrativa propone un relato simple y efectivo: los problemas del país no se deben a la concentración de la riqueza, a la especulación financiera o a la desregulación económica, sino a sectores vulnerables que supuestamente amenazan el bienestar del "argentino de bien".

Esta construcción de un "otro negativo" es clave en cualquier proceso fascista. La violencia no es una consecuencia indeseada, sino una condición necesaria para sostener el sistema. En la actualidad, la legitimación del odio se manifiesta en la deshumanización de los sectores populares y en el discurso punitivista como única respuesta a los conflictos sociales. Cuando un dirigente pide "bala" para los que protestan, cuando un comunicador celebra la represión, cuando un candidato basa su campaña en destruir a "la casta", lo que se está naturalizando es la violencia como forma de hacer política.

El neofascismo y su alianza con el neoliberalismo

A diferencia del fascismo clásico, que apostaba por un Estado fuerte con control sobre la economía, el neofascismo argentino se articula con el neoliberalismo más extremo. Esta alianza resulta paradójica: por un lado, se enaltece la idea de un Estado mínimo, despojado de toda función social; por otro, se refuerza su rol represivo para contener el descontento. En otras palabras, el neofascismo no solo busca disciplinar cuerpos, sino también conciencias.

Este modelo se expresa en políticas que desfinancian la educación y la salud pública, al tiempo que incrementan el presupuesto en seguridad y armamento. La idea de que "el mercado resuelve todo" convive con un aparato represivo que se despliega con brutalidad ante cualquier intento de organización popular. La represión a jubilados, docentes y estudiantes no es un error ni un exceso, sino la consecuencia lógica de una política que concibe la justicia social como una amenaza.

Aprender del pasado para no repetirlo

Latinoamérica ha enfrentado antes procesos similares. En el Chile de Pinochet, en la Argentina de la última dictadura, en el Brasil de Bolsonaro, el discurso del orden fue la excusa para destruir los derechos sociales. Sin embargo, también ha habido respuestas. La resistencia a los golpes militares, la lucha de los organismos de derechos humanos, el rechazo a la impunidad y la reconstrucción democrática demostraron que el autoritarismo no es un destino inevitable.

Hoy, el desafío es comprender que el neofascismo no solo se combate en las urnas, sino también en la disputa por el sentido común. No basta con denunciarlo; es necesario construir una alternativa que recupere la política como herramienta de transformación, que reivindique la solidaridad por sobre la competencia y que defienda la democracia como un espacio de ampliación de derechos, no de retrocesos.

La historia enseña que cuando el odio se institucionaliza, el silencio es complicidad. Frente al avance del neofascismo, la respuesta no puede ser la resignación, sino la acción colectiva. Porque la democracia no se defiende sola: hay que sostenerla, ampliarla y, sobre todo, hacerla valer.

(*) Martín Illanez, abogado, licenciado en Ciencias Políticas y responsable de Universidad Popular La Rioja.

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