Hoy se cumple el primer aniversario de la asunción presidencial de Javier Milei. A un año, repasamos algunos de los hechos de una gestión que, bajo la bandera de la “Libertad”, gobierna la Argentina.

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Hace exactamente un año, Javier Milei asumía como presidente de la Nación y desde ese primer momento, se marcó claramente la construcción de un relato donde, la puesta en escena simbólica representa y tiene mayor significado que lo habitual. El discurso pronunciado el día de su asunción fue de espaldas al Congreso de la Nación. Algo que nunca había sucedido en nuestro país, tal como lo presentó la comunicación presidencial, un hecho inédito de un Presidente hablándole al pueblo y de espaldas al Congreso. 

En esa ocasión, Milei anunció que “vamos a empezar la reconstrucción, de Argentina, luego de más de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad y si bien vamos a tener que soportar un período de dureza vamos a salir adelante”. 

De inmediato y citando a Alberto Venegas Linch a quien consideró el “prócer de la libertad” resumió los principios que los guían “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo, con bienes de mejor calidad, a un mejor precio”. 

Lo que algunos vieron como algo inédito o que se trataba de romper el protocolo oficial, se transformó en el anticipo de lo que sería su relación y forma de vinculación con el Congreso Nacional, donde, además, su partido “La Libertad Avanza”, tiene minoría parlamentaria. El 27 de diciembre de 2023, Milei remitió al Congreso el proyecto de “Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que luego de un escabroso camino, terminó siendo aprobada el 27 de junio de 2024 en una versión muy acotada y reducida de lo que originalmente el Ejecutivo pretendía. Lo de la asunción de espaldas al Congreso, se transformó literalmente en la concepción que el nuevo Presidente tendría de los representantes legislativos, sobre quienes en reiteradas oportunidades tuvo palabras despectivas, agravios y descalificaciones, una constante en este año de gestión. Mientras los parlamentarios discurrían en discursos a favor o en contra de las ideas libertarias, el Gobierno Nacional avanzó con su plan del equilibrio fiscal como prioridad y que representa el principal sostén de este modelo. Milei dejó en suspenso el sueño de la dolarización y puso el acelerador en la reestructuración gubernamental, disolviendo organismos, áreas, eliminando programas de políticas públicas y reduciendo la planta estatal. Esto se da enmarcado en un contexto general de ajuste del gasto público a lo largo del año que permitió sostener el superávit primario durante los primeros diez meses del 2024, objetivo logrado a costa de sectores que sufrieron mayormente ese ajuste. Sin dudas que la obra pública ejecutada por el Gobierno Nacional y las escasas transferencias a provincias por este concepto dan cuenta y fundamentan las claves del ajuste implementado. Según datos aportados por la Jefatura de Gabinete (en su informe 141 ante el Congreso Nacional) hay crédito presupuestario vigente para obra pública por unos $247.464 millones, de los cuales fueron devengados -no efectivamente pagados- $59.311 millones, lo que representaría un 24%. Vale aclarar que esto se traduce también en una fuerte baja de la actividad sectorial que viene en franca caída en lo que va del año llegando al 30 por ciento. 

El otro dato, es por demás escalofriante: según el Centro de Economía Política Argentina, la contribución al ajuste fiscal en lo que va de la gestión Milei está sostenido en 24,2%, en la poda presupuestaria de gastos de jubilaciones, seguido por un 23,6% en obra pública. Así, casi la mitad de todo el ajuste sobre los gastos se basó en jubilaciones y proyectos de infraestructura.

El sector de jubilaciones y pensiones fue el más duramente castigado por la Nación con pérdida del poder adquisitivo, medidas regresivas, ajuste en los haberes, congelamiento del bono y ahora la eliminación de los medicamentes gratis a quienes perciban más de un haber mínimo, es decir a quienes cobran más de 390 mil pesos no podrán acceder a los mismos. El Congreso había aprobado una ley que mejoraba en parte la situación previsional argentina, pero la ley fue vetada por el Presidente, quien advirtió que vetaría toda ley que atente contra el objetivo del equilibrio fiscal. 

Algunos indicadores 

El panorama de la devaluación inicial del 12 de diciembre fue acompañado de la desregulación de los precios de la economía lo que ocasionó la aceleración de la inflación con 25,5% en diciembre, 20,6% en enero, 13,2% en febrero, luego, entre mayo y agosto, la inflación se estancó en torno a 4% y siguió bajando el dígito hasta llegar a septiembre con 3,5% y octubre con el menor registro de 2,7%. 

Según las estimaciones del CEPA, en los primeros diez meses, encabezaron el recorte las partidas de jubilaciones y pensiones, que soportaron 24,2% del ajuste, seguido por la obra pública, con 23,6%. Las prestaciones sociales aportaron 12,8%, los subsidios 12,7%, y los salarios y otros gastos del Estado 12,6%. Las transferencias a provincias y el gasto en universidades representaron 7,8% y 2,5% respectivamente.

Otro dato que refleja el impacto del ajuste y las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional se da en el sector de los trabajadores. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos: de 9.857.173 a 9.596.156 según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En tanto, el registro de cuentas sueldos dadas de baja hasta junio del corriente año, ascendía a 340 mil. 

Un sector que no puede quedar al margen es el de las economías sociales y populares que nuclean a un importante conjunto de trabajadores, que son de los más castigados en este contexto de condiciones muy difíciles para la existencia de las experiencias de autogestión. 

La “Base” de todo

La aprobación final -dada el pasado 27 de junio- de la ley Bases y el Paquete fiscal por parte del Congreso (tras seis meses de idas y vueltas) le permitió al Ejecutivo Nacional consolidar las patas de su plan de gobierno con la delegación de facultades y la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año. 

A lo cual se le suman la reforma laboral que beneficia a empleadores en detrimento de las condiciones laborales para la clase trabajadora, la restitución del Impuesto a las Ganancias para casi 800 mil personas, subas en las escalas de monotributo, eliminación del monotributo social, disolución de organismos públicos; blanqueo de capitales y exenciones impositivas, reducción del impuesto a los Bienes Personales que benefician a quienes más tienen, acompañado de un paquete de privatizaciones que ya comenzaron a instrumentarse.  

La debilidad democrática 

Desde el restablecimiento de la democracia en Argentina, este podría considerarse como un escenario de debilidad institucional y democrática, habida cuenta de la suma de facultades y poderes delegados en el Ejecutivo, creando un hiperpresidencialismo, con anulación de la función legislativa nacional, sustentada en el uso de los DNU como herramienta naturalizada de gobierno y del poder del veto para eliminar todo lo que sea contrario a la filosofía gobernante y la descalificación como forma de dirigirse hacia los colectivos sociales, las minorías, las diversidades y sectores que piensen distinto al Presidente. 

Sin presupuesto  

La presentación “inédita” del proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2025 quedó en eso: el Presidente Javier Milei un domingo a la noche en el Congreso, ante una minoría de legisladores, presentando el proyecto y captando la atención de la escena nacional con ese hecho. Pero en la realidad, ocurrió todo lo opuesto, dado que el proyecto fue demorado en su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, asistieron algunos pocos funcionarios de segunda línea a exponer la iniciativa, pero las figuras de relevancia política estuvieron ausentes, su tratamiento se dilató en el tiempo y venció el plazo establecido dentro del periodo parlamentario para dictaminar, por lo que el proyecto de presupuesto no llegó al Recinto. El oficialismo no cedió ante las solicitudes de los distintos bloques de introducir modificaciones al proyecto original, no accedió a los planteos de los gobernadores aliados y así, se encamina a reconducir por segunda vez consecutiva el presupuesto sancionado en 2022 que se aplicó en 2023 y se recondujo para 2024. 

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