El gobierno argentino volvió a aumentar las tarifas de energía, que en algunos casos llevan acumulado casi un 600% de incremento en lo que va del año, impactando directamente en la economía de todas las familias del país.

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Bajo el lema de que los hogares deben pagar “lo que realmente cuesta la energía”, las autoridades justifican estas subas de tarifas sin asumir la responsabilidad sobre las decisiones de política pública que influyen en la factura final que pagan los usuarios.

Es imposible hablar de un "costo de la energía" en abstracto, puesto que ese costo está estrechamente vinculado con las políticas que decide o deja de implementar el Estado. Es decir: la postura del gobierno de desentenderse del valor final de las tarifas es simplemente un pretexto para no asumir la responsabilidad que tiene como gestión.

Como se verá en este informe, la actual gestión energética ha adoptado una posición pasiva, dejando de lado oportunidades clave para reducir costos y mejorar la infraestructura de los servicios energéticos. En lugar de utilizar los recursos estratégicos y las condiciones favorables del mercado para aliviar el peso sobre los consumidores, el gobierno ha preferido trasladar sus ineficiencias a los usuarios finales.

-A pesar de comenzar el año con precios de energía históricamente bajos en dólares, en julio de 2024, el costo de la generación aumentó a 95,5 USD por MWh (mayor al de julio de 2023, y superior al promedio que se ha pagado entre 2013 y 2023).

-El peso del pago de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica en relación con los ingresos para las familias de menores ingresos pasó de ser del 3,9% en noviembre de 2023 al 12,8% en agosto de 2024.

-Se pasó de un sistema que focalizaba subsidios en las familias de ingresos medios y bajos, a uno que subsidia a todos los hogares residenciales.

-Con costos de generación crecientes, el gobierno no ha avisado a la fecha cómo va a continuar el camino de quita de subsidios para dar previsibilidad a las familias.

Así, la afirmación de que los usuarios deben pagar “lo que realmente cuesta la energía” se convierte en una falacia que una falta de visión y compromiso con las verdaderas necesidades del país.

 

Fuente: Fundación Encuentro

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