Los modelos económicos y sociales vuelven a enfrentar a La Rioja con el Gobierno nacional. Mientras el modelo libertario insiste en destruir el Estado; este jueves, la Convención Constituyente riojana sancionó reformas constitucionales para reforzar la presencia del Estado en todos los ámbitos incluyendo producción, ambiente, cultura y especialmente sectores vulnerables, diversidades y minorías.

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El contraste entre políticas libertarias nacionales y las incluidas en la Carta Magna local son más que confrontativas. Lo dijeron, varios de los convencionales, en la sesión N°12 del cuerpo que marcó el fin de los debates con la aprobación de la Constitución Provincial reformada.

Ese contraste se puso en evidencia al inicio del debate con la convencional Mariana Nievas (UxP-Capital) cuando afirmó que: “no es menor el contexto, en que estamos haciendo esta reforma. Empezó en el 2022, en un entorno nacional donde hablar de democratizar, de derechos humanos, sociales y políticos, de mujeres y diversidades era de todos los días. El año pasado nos vimos con un contexto nacional adverso” y el cuerpo decidió continuar para “garantizar el respeto a los derechos básicos”.

En la misma postura se pronunció el convencional Marcelo Rodríguez (UxP-Chepes) con “un gobierno nacional que avanza sobre los derechos y esta constitución que otorga derechos”. Gerardo Fonzalida (UxP- Patquía) atribuyó a los herederos de Mitre avasallar la democracia, la República y saquear las riquezas naturales, mientras Quintela en la línea histórica de los caudillos “no se arrodilló, no pactó”. Se sumó, Ariel Puy (UxP-Capital) sobre “un gran contraste entre políticas nacionales y provinciales, un gobierno nacional que con el DNU y la Ley Bases atenta contra derechos adquiridos y acá con esta reforma constitucional” que se asienta sobre la justicia social.

Shirley Pesce (UxP-Chepes), contextualizó “con un país que muestra colectivos coches cama en la ciudad de Bs.As para refugiarse del frío; un deslucido pacto de Mayo, carente de protocolo y sometiendo a gobernadores y ex presidentes a aceptar políticas de ajuste y en la calle ´tiritando de frío´ y a un nefasto senador riojano decir que no está mal vender un niño. Escenario en el que aprobamos esta Constitución que respeta y otorga más derechos al pueblo”.

Supremacía de los derechos humanos

El Preámbulo, aprobado en esta sesión, resumió el espíritu de la Constitución al declarar “la primacía y el respeto supremo de los derechos humanos, su validez universal, preexistente y superior al Estado, que debe guiar el ejercicio interpretativo de normas y actos de las autoridades”.

Dos principios de la ley de Reforma, “pro homine” y “gobernanza”, no fueron incluidos con ese nombre en el texto magno sino castellanizados. El primero, tal como lo explicó la doctora Nievas, significa “pro persona”, es decir que, en “situación de conflicto de derechos, las autoridades judiciales, legislativas o ejecutivas deben pronunciarse a favor de la persona humana” y no de los intereses de gobierno, sectores económicos o financieros. La gobernanza fue asimilado a participación, transparencia, consenso, inclusión y eficiencia. En síntesis “democratización de todos los espacios de gobierno para que la ciudadanía se involucre en todos los niveles de gobierno. Eso es la gobernanza” aseguró la convencional.

Contraste

Enfrente de este modelo de justicia social, participación democrática y Estado presente, el gobierno nacional sigue adelante con el modelo anarco libertario sostenido -más que apoyado- por la esperanza de la mitad de los argentinos que pretenden una solución a sus problemas económicos y en contra de políticas sociales, de inclusión, no discriminación y contención con las que no está de acuerdo, aunque su eliminación, los perjudique personalmente.

Un modelo anarco capitalista aplicado a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70, la Ley Bases, la de Medidas Fiscales y el Pacto de Mayo que ya provocaron una fuerte caída de la economía nacional que se contrajo un 8,4% en marzo y continuó cayendo en el resto de los meses, sin visos de recuperación. El país entró en recesión: cayó el consumo, la producción de bienes y servicios y la inversión.

Hasta junio de este año hubo 3000 despidos -sin contar contratos que se vencen, retiros forzados, jubilaciones, menos horas extras- en la administración pública y comenzó la segunda ola de desmantelamiento de organismos nacionales con 15 mil más.

En este primer semestre, la gestión de Milei provocó el cierre de 10.000 pymes en todo el país con los consecuentes despidos en el sector privado que incluyendo grandes empresas son 140.000. Aumentó 2 puntos la tasa de desocupación en el primer trimestre, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con 1,1 millones de personas sin ocupación.

Los salarios registrados mostraron una fuerte caída en los primeros meses de Milei, el salario mínimo vital y móvil cayó un 15% respecto del último mes de gestión del Frente de Todos. Recién el jueves 18 se reunirá el Consejo del Salario nacional.

Por la licuación de los haberes de jubilados y pensionados generados por la mega devaluación de diciembre, el poder de compra cayó un 30% real en el primer semestre de Milei. La diferencia sumó puntos al déficit fiscal cero del que se vanagloria el libertario. Se pretende revertir la caída con aumentos mensuales, según inflación, que no garantiza recuperar lo que se perdió en diciembre y enero.

La situación en La Rioja no es para nada diferente. En este primer semestre se perdieron 10.000 puestos, entre despidos privados y públicos, más suspensiones o retiros forzados. Nueve mil en la construcción por suspensión de la obra pública. En el sector privado, Parque Industrial, afectó a la industria textil y del calzado.

"Se puso en marcha desde diciembre una política de devastación de la clase trabajadora. Al final, el ajuste no pasó por la casta” reconocen con amargura los gremialistas locales.

Manipulación de cifras

El gobernador Quintela se negó a firmar el Pacto de Mayo que obliga a las provincias a aplicar ajustes. Lo dijo Milei en su discurso después de la firma del Pacto de Mayo. Entonces se refirió al empleo público y cargó contra las provincias: “Por cada empleado del Estado nacional, hay 5 empleados provinciales”, sostuvo. Y agregó que la baja del gasto público “requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte”.

No esta errado el presidente libertario. Las cifras que mencionó son ciertas. Lo que no dijo es que las provincias tienen a su cargo los servicios de educación, salud y seguridad (transferidas desde la Nación por la gestión menemista que él reivindica). Ahí se concentra el 60% del empleo público.

¿Acaso pretenderá que en La Rioja se comiencen a cesantear médicos, enfermeras, docentes, empleados públicos que administran esos servicios, policías, penitenciarios, jueces, auxiliares de la justicia, municipales que atienden la higiene urbana, trabajadores que distribuyen agua, energía, incluso internet y hasta proveen de carne de cerdo, aves, conservas de tomate, etc?

Rol de la oposición en la Convención

La oposición en la Convención Constituyente estuvo dividida en dos bloques. Sumar+Acción Federal con dos convencionales que expresaron sus críticas, pero consensuaron iniciativas. El convencional Gustavo Canteros acordó con sus pares oficialistas incluir en el texto constitucional el reconocimiento a la “orientación sexual diversa” y la convencional Paulina Carmona se explayó en la última sesión con críticas a los sistemas electorales vigentes que favorecen al peronismo y a la falta de una verdadera paridad de género. “Nos quedamos para plantear diferencias, para ser una voz diferente, para proponer y oponernos con fundamentos” dijo en comparación con los ausentes.

El otro bloque opositor fue Juntos por el Cambio con seis convencionales de variopinto pelaje político: radicales, liberales conservadores, supuestos independientes, macristas, neolibertarios y ex peronistas. Se ausentaron en la penúltima sesión y no asistieron a la última. Desde el principio, apuntaron que el objetivo del peronismo era habilitar un nuevo mandato a Quintela, integrar la justicia a favor y otorgar derechos que nunca cumplen. Durante la convención algunos participaron activamente y presentaron proyectos; otros presentes en las comisiones sin debatir, en las sesiones votaron por unanimidad algunos artículos y hasta capítulos enteros; en general ocuparon más espacio en los medios de comunicación que en recinto.

Las amenazas previas de deslegitimar las reformas, judicializando los cambios perdieron consistencia ante la no concreción de sus vaticinios, pero siguen escudriñando el texto final para hacerlo. Reprochan al oficialismo que no haya una cláusula para frenar la re-relección del gobernador y dejaran abierto el camino para que la Justicia actúe si Quintela decide presentarse nuevamente.

 

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