Ni un solo artículo en beneficio de trabajadores, desocupados, PyMES, emprendedores, jubilados, mujeres, amas de casa, empleados estatales, pensionados o sectores vulnerables contienen los dos proyectos de ley aprobados la semana que pasó por la Cámara de Diputados de la Nación. Por el contrario, hay amplios beneficios a corporaciones empresariales, patronales, importadores, inversores extranjeros y evasores, entre otros grupos del poder económico que consiguen una fuerte desregulación de la economía nacional.
Ambos proyectos contienen un paquete de reformas sin precedentes en la historia del país que, a partir de este lunes, comenzarán a ser tratados en las comisiones del Senado. La aprobación se está negociando de forma muy diferente a la encarada en la Cámara Baja.
Los protagonistas son ahora los gobernadores y a ellos apunta el gobierno libertario para contar con el apoyo de los senadores, a razón de tres por provincia.
Uno de los proyectos es la Ley Bases, un compendio de 232 artículos –un tercio del primer proyecto rechazado en Diputados– dividido en 10 títulos, entre los que se destacan la declaración de emergencia, la reforma del Estado, la promoción del empleo registrado, la modernización laboral, la energía, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y cambios previsionales.
El otro, son Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como Paquete Fiscal, que incluye cambios impositivos como el regreso de la cuarta categoría de Ganancias, una baja de Bienes Personales a lo largo de los próximos años, una actualización de las escalas del monotributo, una amplia moratoria de deudas tributarias y un blanqueo de capitales.
Los dos proyectos –en caso de ser aprobados por el Senado– son de por sí muy perjudiciales para trabajadores, jubilados y el funcionamiento del Estado, a la vez que habilitan a muchas otras medidas a definirse en la reglamentación que estará a cargo del Poder Ejecutivo por decreto y sin debate parlamentario. Los diputados riojanos de Unión por la Patria, Sergio Casas, Ricardo Herrera, Ilda Aguirre y Gabriela Pedrali, votaron en contra, mientras que los senadores justicialistas, Fernando Rejal y Florencia López, anticiparon voto negativo cuando sean tratados en la Cámara Alta.
El tercer senador por la Rioja, Pagotto, lo hará a favor por ser de La Libertad Avanza, pero como exmilitante del peronismo, tal como ocurrió con otros diputados, dirá que no son convenientes para el país, pero apoyará sólo para darle gobernabilidad a Milei.
Cómo afectará a los riojanos
Todo el articulado, de alguna u otra forma, afectará la vida cotidiana de los riojanos, algunos fueron señalados por los legisladores riojanos en el recinto durante el debate o en declaraciones públicas. Ilda “Beba” Soria mencionó, entre otros, “la reforma laboral que perjudica a la clase trabajadora, monotributistas y pequeños contribuyentes”, la eliminación de la “moratoria jubilatoria y 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse.
Son leyes pensadas para profundizar las desigualdades y beneficiar a empresarios con blanqueos de capitales”, expresó. El legislador chileciteño, Ricardo Herrera, cuestionó que se deje de lado un Estado presente que garantice un mínimo de bienestar a todos. “Filosófica e históricamente estamos parados del lado de la justicia social” y puso de ejemplo que, en el caso de las privatizaciones, Aerolíneas y los vuelos a La Rioja estarán marcados por la rentabilidad del mercado.
La pregunta es “si buscamos una renta económica o una renta social”. La diputada Gabriela Pedrali calificó de “perversos” a quienes aprobaron los proyectos en la víspera del Día de los y las Trabajadoras y aseguró que traerá mayor precarización del trabajo, impunidad laboral para empresarios incumplidores y quienes contraten irregularmente, promoción de un sistema de cesantías masivas en la administración pública nacional. “Una vez más, jubiladas y jubilados son la variable de ajuste de este modelo de país que propone Javier Milei”, agregó.
El exgobernador Sergio Casas, ahora diputado nacional, se explayó extensamente en su intervención ante los diputados nacionales y habló de “vaciamiento a las provincias”. Mencionó el punto de coparticipación que siempre reclama La Rioja desde el año 1988 y que “hasta el día de hoy este Gobierno todavía no le ha depositado nada de lo que dice el presupuesto nacional” –Ley de Presupuesto– como tampoco lo hizo con el resto de las provincias y repudió la “restricción de recursos que legítimamente le corresponden a La Rioja”.
Gobernadores y Pacto de Mayo
Tras la media sanción en Diputados, las negociaciones comenzaron con los gobernadores para el tratamiento en senadores, donde si bien hay representantes de las provincias que deciden por su cuenta, muchos están atados a lo que recomiendan los gobiernos locales.
Hasta ahora, 18 tendrían decidido su apoyo en la Cámara Alta a los dos proyectos, entre esos Catamarca, cuyo apoyo sería parcial ya que la senadora y exgobernadora Lucía Coparcci anunció voto no positivo o modificaciones que obligarán a que los proyectos vuelvan a Diputados.
Otros tampoco están seguros, como Weretilneck (Río Negro), Figueroa (Neuquén) y Torres (Chubut), a quienes los libertarios les están ofreciendo habilitación de obras públicas a cambio del voto. Una senadora del espacio político del gobernador rionegrino ya dijo que no apoyará. Los temas más controversiales son la restitución del Impuesto a las Ganancias y la privatización o concesión de empresas vinculadas a los hidrocarburos.
A favor, el Gobierno nacional cuenta con que estas provincias apoyan muchos de los artículos que tienen ambos proyectos. Los otros 6, están encabezados por los más decididos opositores: Quintela (La Rioja), Kicillof (Buenos Aires), Ziliotto (La Pampa), Zamora (Santiago del Estero), Insfrán (Formosa) y Melella (Tierra del Fuego).
Se sabe que los funcionarios nacionales intentan convencer a Zamora que cuenta con tres senadores que le responden, pero aparentemente no lo consiguieron hasta ahora. No todo está dicho en el Senado y las estrategias de las provincias no responden a los bloques regionales.
El primero en romperse fue el Norte Grande, pese a la dilatada trayectoria de organización, tras la decisión del catamarqueño Jalil de apoyar los proyectos libertarios y del tucumano Jaldo con la misma postura. Otros mandatarios son radicales o del PRO, por lo que sólo quedan como opositores Quintela, Insfrán y Zamora.
Las Provincias Unidas del Sur o patagónicas, de reciente creación, defienden en tándem derechos, recursos e inversiones; pero tampoco está asegurado que actúen en bloque en el Senado. Esta división de posturas provinciales pone en duda el Pacto de Mayo a celebrarse en Córdoba este mes, aunque Milei ya anunció que los gobernadores que no firmen quedarán afuera. ¿Habrá sanciones o castigos para las provincias? Muy vidrioso el asunto porque los dos proyectos de ley que pide avanzan sobre potestades provinciales.
Por ejemplo, el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y los VPU (Vehículos de Proyectos Únicos) que darán amplias facilidades para in- vertir en el país. Se pide a las provincias que adhieran, pero por otro lado amenazan con recurrir a la Justicia si no apoyan a los inversores.
Con los recursos provinciales
En La Rioja, el gobernador Quintela impulsó la ley que declara al litio “recurso natural estratégico” e invita a las empresas a invertir “siempre que le convenga a los riojanos” y hace hincapié en la generación de valor agregado, que no es el espíritu del proyecto libertario.
La senadora catarmarqueña Corpacci advirtió que tal como está no generará empleo genuino, por ejemplo, en minería. Sólo servirá para que inversores extranjeros extraigan los recursos y se los lleven.
Por su parte, el diputado Casas, respecto al RIGI, dijo que “atenta contra la industria nacional y abre la puerta a la entrada de dinero negro no declarado”. En el mismo sentido, fue cuestionado por la Unión Industrial Argentina.
La entidad había advertido a los bloques parlamentarios que la actual redacción coloca a los proveedores locales en desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas. Realizó propuestas al articulado para generar un esquema que permitan a las empresas argentinas convertirse en proveedores de calidad de los nuevos grandes proyectos.
En general, ambas leyes, de ser aprobadas por el Senado, serán una fenomenal transferencia de recursos y facilidades a los sectores económicos más poderosos, en desmedro de la clase media, sectores más vulnerables y trabajadores. Un proyecto que ya se aplicó en el país y que trajo desocupación, menos ingresos, menos industria.
Derogar o modificar
Un sector del empresariado y comerciantes de la provincia estarían dispuestos a pedir la derogación o modificación de una ley sancionada estos días por la Legislatura La Rioja por la que se creó el Fondo Solidario con el Aporte Extraordinario de Grandes Contribuyentes a través de Ingresos Brutos. Apunta a empresas que declaren facturación igual o mayor a $200.000 millones al mes.
El fondo se destinará a programas alimentarios, especialmente escolares, desfinanciados por la restricción de fondos nacionales a la provincia. Precisamente, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, una organización no estatal, determinó que La Rioja es la provincia donde más impactó la baja de transferencias automáticas y no automáticas desde Nación, con un porcentaje de 36,4 menos, sólo en el primer trimestre del año. Algunos sectores empresarios cuestionaron directamente la medida porque supuestamente el Gobierno nacional busca eliminar impuestos. Otros más dispuestos a cooperar pidieron modificaciones y que las deducciones se calculen sobre las ganancias y no sobre los ingresos mensuales.