Los dólares del Parque Eólico Arauco
La cesación de pagos por la deuda en dólares pone en riesgo las finanzas locales de por sí limitadas por el ajuste que impone el Gobierno nacional. Revela una administración del préstamo cuánto menos dudosa porque el pago se tenía que hacer con las ganancias de la venta de energía que produciría el Parque Eólico Arauco. Abrió un flanco político que la oposición aprovechó para atacar la gestión de Quintela más allá de la difusión de datos falsos, y reabre tensiones en el peronismo riojano que viene abroquelándose alrededor del quintelismo desde su primera gestión.
La Rioja, por su escaso desarrollo económico nunca hubiera podido acceder al mercado financiero externo, ergo conseguir un préstamo de estas características ante la Unión de Bancos Suizos, uno de los más grandes conglomerados financieros del mundo. Un proyecto original, innovador, sustentable y ecológico como el Parque Eólico Arauco-SAPEM iniciado con el apoyo del gobierno de Cristina Fernández, fue la clave.
Ese solo proyecto facilitó el crédito externo, pero quien abrió las puertas para que el gobierno que presidía Sergio Casas colocara bonos externos fue la gestión de Macri tanto que, Luis Caputo, ministro de Finanzas en 2017 y ministro de Economía del gobierno actual, y Santiago Bausili, entonces subsecretario, hoy presidente del BCRA, conectaron a la provincia con Puente Holding UK -gestora de inversiones externas- que los recomendó a la Unión de Bancos Suizos (UBS).
Tampoco UBS es inocente en este entramado financiero. Sentados sobre “montañas de dinero” buscan “tapar” responsabilidades por la contaminación ambiental financiando proyectos sustentables. Con “pinzas de oro” trataron a la delegación riojana en New York que sorprendida no aceptó los 500 millones de dólares que les ofrecieron y se quedaron con 200 (hoy 300 con intereses).
El proyecto era la garantía. Nunca fue la coparticipación. Tenía los requisitos indispensables: contratos de venta de energía a futuro cotizados en dólares y el PEA en ejecución.
Sin embargo, ni la SAPEM ni el gobierno pudo afrontar el esquema de pago original.
Qué pasó con los fondos
Una primera denuncia sobre la administración de fondos nunca prosperó, tampoco se judicializó; un cambio en la política energética del gobierno de Macri dio de baja los contratos; sucesivas devaluaciones con Macri, Fernández y Milei hicieron que la provincia necesite cada vez más pesos para hacerse de dólares; restricciones en las importaciones demoraron las obras; inflación y pandemia aumentaron gastos y el gobierno de Quintela se inclinó por priorizar su política de desarrollo a través de más obras públicas y apoyo a todos los sectores sociales.
La primera reestructuración de la deuda fue en 2020-21 junto a otras 13 provincias. Nuevamente La Rioja tuvo un trato especial y los bonistas redujeron intereses y extendieron plazos. Prevaleció el proyecto ecológico pese al lapidario informe de la calificadora de riesgos FixScr Fitch Rating. Le puso una C: muy vulnerable y acusó a La Rioja de contar con fondos para pagar, de tener superávit fiscal a pesar de liquidez restringida y de tener ingresos en dólares, aún con el retraso del PEA. Si le reconoce: deterioro y debilidad financiera por devaluación y alta dependencia de ingresos discrecionales.
¿Cómo justificó el gobierno provincial que tenía fondos y no pagaba? Lo dejó asentado en el petitorio de reestructuración: no iba a dejar de lado las políticas “para cubrir las necesidades de nuestra gente, ni de llevar adelante el programa de desarrollo económico que nuestro gobierno se ha planteado para los próximos años”. Se sabe que parte del préstamo se usó para obras no vinculadas al PEA, incluso viviendas, dado el escaso flujo de recursos por parte de Macri al principio que se agudizó con la inflación y la pandemia después.
Colapso financiero
Aquel acuerdo del 2020/21 volvió a colapsar y ahora se anunció el no pago de la primera cuota de capitales y se pide nueva reestructuración. El gobierno insiste en no pagar con los recursos destinados a atender las necesidades de la población.
¿Conseguirá nueva financiación? La anterior tardó año y medio. El Grupo Ad-Hoc de Tenedores de Bonos de la Provincia de La Rioja (52% de la deuda) lanzó una fuerte acusación a la provincia y dudan de su intención de pago. Aun así ¿conseguirá otra reestructuración en aras de proteger el ambiente, objetivo final de los prestamistas?
Para unos, La Rioja será sancionada, lo más grave con la suba de intereses, o un juicio en Nueva York o será calificada inviable para nuevos préstamos o inversiones, por ejemplo, en litio.
Otros sostienen que no es para tanto porque la deuda de la provincia es insignificante y la cesación de pagos no impacto en el mercado de bonos. Confían en nuevas reestructuraciones con pagos de intereses que es lo que les interesa (casi como tener un plazo fijo, más que usurario).
El economista Lucas Carattini está entre quienes dicen que el monto es muy menor y no impacta en los mercados internacionales, además “se sacó para obras de desarrollo” y eso se ve como positivo. Hasta consideró que “las provincias, en general, no están tan endeudadas como la Nación”. Al final, ante la insistencia de quienes le consultaban reconoció que “la foto es muy mala hacia afuera”.
Javier Casabal, especialista de Adcap Grupo Financiero también le restó importancia porque tendría un impacto acotado en los bonos en general”, reconoció que el mercado estaba advertido por la situación de las provincias, especialmente “La Rioja era la principal perjudicada de la caída de las transferencias discrecionales y también de las transferencias automáticas, ya de las más expuestas a este impacto".
El gobierno provincial insiste en tener voluntad de pago y justifica el retraso en la reducción de fondos nacionales.
Impacto comunicacional
La noticia conmocionó la política provincial e impactó en segundos a nivel nacional. Una vez más, la comunicación del gobierno local priorizó minimizar el choque y bajar decibeles.
Por casi 24 horas solo circuló la escueta nota enviada a la Comisión Nacional de Valores sobre cesación de pagos. Los medios y las redes sociales se llenaron de especulaciones, denuncias, información falsa, preguntas sin respuestas y polémicas inútiles alrededor del PEA.
Tardíamente declaraciones, a cuentagotas, en línea con las restricciones presupuestarias de la Nación, pero sin coherencia financiera local ni técnica. En redes sociales, solo funcionarios de segunda línea hicieron posteos.
Cinco días después, orgánicamente, el gobierno explicó cuánta energía produce el PEA, cómo se distribuye y el rol de CAMESSA y el SADI. Todavía falta conocer y difundir profusamente en la comunidad cómo es el esquema de distribución y la compra-venta de energía a través de la red nacional. Confusión, falta de información e incapacidad para explicar los hechos con claridad y fundamento no es solo un mal de las redes sociales.
Conflictos laborales
En tanto, otros conflictos se solucionaron rápidamente y por primera vez en años. Contra lo esperado, la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) aceptó, “bajo protesta” la oferta salarial del gobierno y el ciclo lectivo comenzó a tiempo, salvo un par de paros simbólicos, para visibilizar la restricción de fondos para educación del gobierno nacional. Otros sectores continúan en conflicto como salud o los movimientos sociales, cuyas movilizaciones no tienen contundencia aún. Quienes por su propia estructura no pueden movilizarse son los 9 mil obreros de la construcción sin trabajo en La Rioja. Lo denunció Di Fiori, de la UOCRA local. “Esto es una agonía. Este hombre (por Javier Milei) no da señales de querer sentarse, redobla y apuesta a la guerra. Está enojado con Quintela, pero nos va a fundir a todos”.
Pacto unipersonal
Milei, el viernes por la noche, al abrir el periodo de sesiones del Congreso, no dio muestras de interesarse por trabajadores, sectores vulnerables, jubilados o la calidad de vida de las mayorías. En un discurso que se esperaba con expectativa, reiteró los ataques y agravios a la “casta política” pero no mencionó a la “casta” económica ni a la financiera. En los últimos cinco minutos de su discurso intentó enfrentar la realidad. Fue cuando convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a firmar un nuevo pacto social a cambio de alivio fiscal para las provincias. La propuesta parecía innovadora pero inmediatamente después agregó: previa aprobación de la mega ley Bases justo a la que todos se oponen. No llamó a debatir, consensuar, acordar políticas, analizar intereses o considerar necesidades por sectores. Nada de eso, solo pidió que le aprueben los puntos que propuso.
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