La iniciativa cumple una promesa de campaña: modernizar los sistemas de adjudicación y garantizar que cada vivienda se otorgue con criterios públicos y verificables.

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El diputado provincial Ismael Bordagaray, del Bloque Fuerza Patria, presentará en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, el 19 de noviembre, el proyecto de ley de Registro de Adjudicación de Viviendas Sociales mediante Tecnología Blockchain y Transparencia en la Gestión Pública Provincial.

La presentación dará cumplimiento a una promesa de la campaña del año pasado: transparentar y modernizar los sistemas de adjudicación de vivienda en la provincia.

El proyecto crea el Registro Único de Postulantes con Soporte Blockchain (RUP-Blockchain). Cada inscripción, cambio de puntaje, posición en la lista de espera y adjudicación queda registrada de forma permanente y verificable. Los criterios de prioridad se aplican de manera objetiva y automática, para que ninguna decisión dependa de la discrecionalidad.

Información abierta para todos. Un portal público, gratuito y sin registro previo permitirá a cualquier persona consultar el padrón, conocer la posición de cada expediente, revisar el historial de movimientos y verificar la autenticidad de los datos. Cada postulante recibirá una notificación automática ante cualquier cambio en su puntaje o su lugar en la lista, y podrá impugnar dentro de los 30 días hábiles.

Privacidad resguardada. En la cadena pública solo se registra información del procedimiento, como número de expediente, puntaje, posición, fecha y motivo. Nombre, DNI y datos de salud permanecen en sistemas seguros del Estado, de acuerdo con la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.

Controles y garantías. El proyecto establece que toda adjudicación sin registro previo en blockchain será nula. Prevé sanciones para quienes alteren u omitan registros y crea una Comisión de Seguimiento y Auditoría integrada por el Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Pueblo, diputados de mayoría y minoría, el Colegio de Abogados y organizaciones de la sociedad civil, con reuniones públicas.

Implementación. El sistema funcionará de manera plena en un plazo máximo de 18 meses, con una etapa piloto inicial. El código fuente será abierto y la Provincia operará nodos propios de validación. Los municipios podrán adherir con asistencia técnica gratuita.

La iniciativa toma como antecedente la experiencia de Bahía Blanca, que en 2017 implementó un registro blockchain para la asignación de subsidios, y la lleva al ámbito de la vivienda social con alcance provincial. Además, deja abierta la posibilidad de extender el sistema a otras áreas del Estado, como licitaciones y subsidios.

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