En comunicación con Radio Independiente, Juan Carlos De Leonardi, referente del sector en La Rioja, explicó los motivos del pedido y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores. Además, señaló una importante reducción en la cantidad de vehículos habilitados.

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En principio, De Leonardi brindó detalles sobre el pedido de actualización tarifaria del 15% presentado ante el Concejo Deliberante. Asimismo, se refirió a las dificultades para afrontar los controles técnicos exigidos a los vehículos y a la disminución de unidades que continúan prestando el servicio.

En relación con las tarifas, explicó que el pedido responde al incremento de los costos de mantenimiento, combustibles, lubricantes y otros insumos necesarios para desarrollar la actividad.

“Nosotros estamos solicitando una actualización del 15%, ya que en el transcurso de este año no se actualizó nunca”, sostuvo.

A su vez, el referente recordó que la ordenanza contempla tres actualizaciones tarifarias anuales, pero indicó que, durante el primer período del año, el sector decidió no solicitar un incremento. Sin embargo, consideró que la suba de los costos hace necesaria una actualización.

La solicitud ingresó al Concejo Deliberante durante la última sesión y deberá ser analizada por la comisión de Servicios Públicos. En ese aspecto, manifestó su preocupación por los plazos que podría demandar el tratamiento, ya que, una vez aprobada la modificación en el ámbito legislativo, todavía sería necesario completar las instancias correspondientes para su implementación. 

Paralelamente, advirtió sobre la importancia de mantener una reunión con la comisión de Servicios Públicos para exponer los fundamentos del pedido y explicar la necesidad de una actualización tarifaria.

En ese sentido, advirtió que el proceso podría extenderse durante varios meses, por lo que esperan una respuesta que permita avanzar con el pedido.

Por otra parte, De Leonardi señaló que son pocos los prestadores que cumplieron con las inspecciones técnicas de sus vehículos. Frente a esta situación, explicó que solicitaron al municipio una prórroga o alternativas de pago para afrontar los costos del trámite.

También planteó la posibilidad de revisar la periodicidad de la inspección técnica municipal, sin desconocer la importancia de garantizar que los vehículos estén en condiciones adecuadas para prestar el servicio.

Cabe aclarar, que la inspección técnica municipal y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) son trámites diferentes. La RTO constituye uno de los requisitos necesarios para completar la inspección municipal, por lo que los trabajadores deben afrontar ambos procedimientos.

Al referirse a la situación actual del sector, De Leonardi aseguró que la cantidad de vehículos habilitados se redujo considerablemente en comparación con los años previos a la pandemia.

Según indicó, la disminución ronda el 40% sobre un total de aproximadamente 1.200 móviles que operaban bajo empresas o habilitación municipal.

El referente vinculó esta caída con el deterioro de la situación económica y los elevados costos diarios que deben afrontar los trabajadores para mantener sus unidades en funcionamiento. Además, señaló que algunos prestadores abandonaron la actividad tradicional y optaron por trabajar mediante aplicaciones de transporte.

De acuerdo a todo lo expuesto, De Leonardi cuestionó las diferencias en las exigencias y los controles entre los taxis y remises y los servicios que operan mediante aplicaciones de transporte. En ese sentido, sostuvo que el sector tradicional debe cumplir con requisitos específicos para desarrollar la actividad y reclamó que exista un control equivalente para garantizar condiciones de competencia más equitativas.

Finalmente, remarcó la necesidad de obtener una respuesta al pedido tarifario, al considerar que la actualización solicitada resulta necesaria para afrontar, al menos parcialmente, el incremento de los gastos que demanda la prestación del servicio.

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