José Chumbita, defensor público oficial federal de La Rioja y profesor de Derecho Informático de la UNLaR, advirtió sobre las consecuencias legales de crear, compartir o viralizar imágenes manipuladas de menores. Además, destacó la importancia del diálogo familiar, la prevención y el acompañamiento adulto en el uso de las tecnologías.

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La creación y difusión de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial encendió una señal de alerta por sus consecuencias en la vida de niños y adolescentes. En este contexto, José Chumbita, defensor público oficial federal de La Rioja y profesor de Derecho Informático de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), advirtió sobre la necesidad de fortalecer la prevención, el acompañamiento familiar y el conocimiento de las normas que sancionan este tipo de conductas.

Durante una entrevista a Medios El Independiente el especialista se refirió a situaciones en las que imágenes de estudiantes son manipuladas y posteriormente viralizadas en grupos escolares, lo que puede generar conflictos entre compañeros, afectar a las víctimas y trasladar el problema al ámbito familiar.

Chumbita sostuvo que “estos hechos son más frecuentes de lo que se cree y remarcó que la falta de denuncias no significa que no ocurran. En ese sentido, mencionó datos atribuidos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los cuales el 43% de los adolescentes habría recibido imágenes o videos manipulados con inteligencia artificial”.

Uno de los principales puntos que destacó el defensor es que las consecuencias legales no alcanzan únicamente a quien produce una imagen. También es necesario considerar la participación de quienes la publican, reenvían o contribuyen a su difusión.

“Existe un falso anonimato, una falsa invisibilidad que nos da un dispositivo móvil o una computadora”, advirtió Chumbita, al señalar que muchas personas desconocen los alcances de las conductas que realizan en los entornos digitales.

En ese marco, explicó que “Argentina cuenta con legislación sobre delitos informáticos desde 2008 y que determinadas conductas vinculadas con la producción y difusión de material sexual que involucra a menores de edad pueden constituir delitos penales”.

Además de la responsabilidad penal, señaló que “la difusión de contenidos que ocasionen daños puede derivar en reclamos civiles y responsabilidades patrimoniales, que eventualmente podrían involucrar a los adultos responsables, según las circunstancias del caso y las normas aplicables”.

Para Chumbita, una de las principales herramientas de prevención es el diálogo permanente entre adultos, niños y adolescentes. Consideró fundamental que las familias conozcan las redes sociales que utilizan sus hijos, sus vínculos digitales y los espacios en los que interactúan.

“Ese derecho a la intimidad no puede ser un escudo impermeable que impida el acompañamiento del adulto responsable en el uso de estas tecnologías”, expresó.

El defensor advirtió que el hecho de que un niño o adolescente permanezca físicamente dentro de su casa no significa que esté exento de riesgos. A través de teléfonos y computadoras, puede entrar en contacto con personas desconocidas, recibir mensajes perjudiciales o ser inducido a realizar acciones que desconoce que pueden tener consecuencias legales.

Por eso, insistió en la importancia de educar sobre el uso responsable de la tecnología y explicar que compartir o viralizar una imagen puede agravar el daño ocasionado a la persona afectada.

También hizo hincapié en “la influencia que tienen los grupos de pertenencia durante la adolescencia. La necesidad de ser aceptados por sus pares puede llevar a algunos jóvenes a participar en comportamientos perjudiciales para evitar el rechazo o el aislamiento”. Frente a ello, consideró importante promover vínculos sociales diversos y fortalecer la capacidad de los adolescentes para reconocer y rechazar las presiones de su entorno.

El uso de celulares en las escuelas

En otro tramo de la entrevista, Chumbita vinculó esta problemática con la reciente regulación del uso de dispositivos móviles en las escuelas de La Rioja, aprobada por la Legislatura provincial.

El especialista valoró positivamente la medida y planteó la necesidad de que los establecimientos educativos también presten atención a los daños que pueden producirse durante la jornada escolar y a las responsabilidades que podrían surgir en determinadas circunstancias.

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