En etapa de alegatos, el fiscal de Cámara, Rafael Diego López, requirió la pena de 16 años de prisión efectiva para el imputado por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su nieta menor de edad. La Fiscalía enfatizó la gravedad del daño infligido a la víctima y el aprovechamiento de la confianza familiar.

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En este marco, el representante del Ministerio Público Fiscal, explicó que para la solicitud de la pena de 16 años de prisión efectiva, se tuvo en cuenta diferentes circunstancias agravantes como “la naturaleza del delito, la minoría de edad de la víctima, la cronicidad de las situaciones de abuso, la categorización de los abusos y la mayoría de edad de acusado”.

Por lo cual, también le solicitó al Tribunal, que al momento de dictar sentencia,  se considere el hecho como de violencia contra la mujer  y de abuso sexual infantil y de maltrato infantil, en consonancia con el marco jurídico aplicable.

Además, durante su alegato, el fiscal de Cámara, Rafael Diego López, expuso detalladamente las pruebas recolectadas a lo largo del proceso y consideró que el acusado es “autor penalmente y responsable y culpable del delito ‘Abuso Sexual con Acceso Carnal, Agravado por el Vínculo y por la Situación de Convivencia Preexistente y Promoción de Corrupción de Menores Agravada en Concurso Ideal’ en conformidad con los artículos 119 (tercer y cuarto párrafo, inc  d y f).  Art 125 (tercer párrafo) y artículo 54 de Código Penal.”

Los hechos juzgados ocurrieron en la vivienda de la madre de la víctima, donde el acusado convivía con el grupo familiar. Valiéndose de la ausencia de la madre de la niña y de la cercanía que le proveía el entorno doméstico por ser su abuelo, el hombre habría realizado los abusos en contra de su nieta, quien tenía aproximadamente 7 años de edad al momento en que comenzaron los ultrajes.

Finalmente, el fiscal López que estuvo acompañado durante todo el proceso por la ayudante fiscal Natalia Brito, enfatizó el impacto destructivo del delito en la vida de la menor y la manipulación psicológica a la que fue sometida bajo amenazas.

La resolución de la causa está en manos del Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional,  presidido por la jueza Edith Agüero, y acompañada por los jueces vocales Gustavo Díaz y Mauricio Pérez Motta.

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