La norma reúne en un único cuerpo legal aspectos que hasta ahora estaban dispersos o no se encontraban regulados. Establece una conducción unificada, reorganiza la Policía, integra al Servicio Penitenciario, crea un órgano externo de control e incorpora mecanismos de participación ciudadana.

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La Rioja aprobó su primera Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un hito normativo que establece un sistema integral para ordenar la política de seguridad, modernizar las fuerzas y mejorar la relación entre las instituciones y la comunidad.

La nueva legislación reúne en un mismo cuerpo normativo disposiciones que hasta ahora se encontraban dispersas o directamente no estaban reguladas. Su objetivo central es proteger los derechos de la población, prevenir y controlar el delito y promover una convivencia ciudadana basada en la coordinación institucional, la participación comunitaria y el respeto de las garantías constitucionales.

La ley establece un modelo único de conducción, con responsabilidades claramente definidas. El gobernador y el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos estarán a cargo de la conducción del sistema bajo un paradigma integral, orientado tanto a la prevención y el control del delito como a la mejora de la convivencia ciudadana.

Este esquema permitirá una coordinación efectiva entre la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario, fijará responsabilidades específicas y establecerá un rumbo común para todas las áreas involucradas en la seguridad pública.

 

*Una nueva organización de las fuerzas*

La normativa reorganiza la Policía provincial en 14 direcciones generales especializadas, cada una con funciones y responsabilidades específicas en áreas como inteligencia criminal, operaciones, investigaciones y género.

También establece estructuras de conducción territorial en la Capital y en el interior, con el propósito de acercar la toma de decisiones a cada región y brindar respuestas acordes con las características y necesidades de las distintas comunidades.

A su vez, el Servicio Penitenciario queda incorporado como un componente de las fuerzas de seguridad dentro del nuevo sistema integral.

Esta estructura permitirá avanzar hacia una mayor especialización, mejorar la capacidad operativa y establecer una cadena de mando transparente, en la que cada integrante conozca con precisión sus funciones, responsabilidades y dependencia institucional.

 

*Control externo, civil e independiente*

Uno de los aspectos centrales de la ley es la creación de un órgano de control externo, civil e independiente, encargado de fiscalizar el desempeño de la Policía y del Servicio Penitenciario.

La nueva estructura separa las funciones operativas de aquellas vinculadas con la investigación y evaluación de posibles irregularidades. De esta manera, las fuerzas ya no tendrán a su cargo la investigación y el juzgamiento de sus propios actos.

El sistema de control externo permitirá establecer procedimientos ordenados, garantizar el derecho de defensa de los agentes, brindar mayor transparencia y consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.

La norma parte del principio de que el control civil no debilita a las fuerzas, sino que legitima su accionar, protege a quienes cumplen correctamente sus funciones y garantiza que la seguridad pública se construya dentro del marco de la ley y del respeto de los derechos humanos.

 

*Participación ciudadana y decisiones basadas en información*

La Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana incorpora a la comunidad como parte activa del sistema mediante la creación de foros vecinales, espacios destinados al diálogo permanente entre la ciudadanía, las fuerzas de seguridad y las autoridades.

Estos ámbitos permitirán abordar problemáticas concretas de cada barrio o localidad, establecer prioridades y construir respuestas a partir de las necesidades expresadas por la propia comunidad.

La normativa también crea el Consejo Provincial de Seguridad, que garantizará la representación de los municipios, y el Observatorio de Seguridad, que producirá y pondrá a disposición información pública para orientar la toma de decisiones.

La participación de los gobiernos locales, el acceso a datos y el intercambio directo entre la comunidad y las instituciones permitirán diseñar políticas de seguridad sobre diagnósticos concretos y evaluar sus resultados.

 

*Bienestar, capacitación y perspectiva de género*

La ley establece además un Programa Permanente de Bienestar y Género destinado al personal policial y penitenciario.

La iniciativa contempla formación continua, atención de la salud mental y acompañamiento integral a las familias, reconociendo que el cuidado, la capacitación y la profesionalización de quienes integran las fuerzas son condiciones necesarias para mejorar la seguridad pública.

Con esta primera Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, La Rioja establece un nuevo marco para coordinar a las fuerzas, delimitar responsabilidades, garantizar controles independientes, profesionalizar al personal y sumar a la comunidad a la construcción de políticas públicas de seguridad.

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