Pierde la nación, pierden las provincias, pierden las familias. Hay una paradoja que el gobierno de Javier Milei todavía no ha podido explicar: se proclama libertario mientras gobierna una Nación cada vez más condicionada por sus acreedores. Porque la libertad no se declama. La libertad se ejerce cuando se puede decidir. Y un país profundamente endeudado decide menos.

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Por Prof. Carlos “Cacho” Luna - Secretario Ejecutivo Consejo Económico y Social

La Argentina tiene una deuda externa que condiciona su política económica. Frente al Fondo Monetario Internacional, frente a los acreedores, frente a los fondos de inversión y frente a los grandes capitales internacionales, principalmente ligados a Estafos Unidos, cada compromiso financiero implica una cuota de condicionamiento. Las decisiones económicas dejan de responder exclusivamente a un proyecto nacional y comienzan a estar atravesadas por las exigencias de quienes tienen capacidad de financiamiento y poder.

Entonces aparece la contradicción: un gobierno que llegó prometiendo libertad gobierna una economía condicionada por la deuda. Un gobierno libertario, pero sin  libertad para decidir ni voluntad de luchar por su autonomía.

Y mientras la Nación pierde margen de decisión, las provincias también lo pierden. Las deudas provinciales con el Estado nacional no son solamente números en una contabilidad pública. Pueden convertirse en herramientas de presión política. Cuando una provincia necesita de la Nación para refinanciar sus obligaciones, acceder a recursos o sostener su funcionamiento, su autonomía queda debilitada.

Y allí aparece una responsabilidad que también debe discutirse: ¿qué hacen los gobiernos provinciales frente a esa dependencia? Porque el federalismo no consiste en esperar recursos desde Buenos Aires ni en aceptar silenciosamente las condiciones del poder central. El federalismo también implica defender la libertad de las provincias.

Y finalmente están las familias, que viven la versión más brutal del endeudamiento. La familia endeudada con tarjetas, bancos, financieras o prestamistas pierde libertad todos los días. Trabaja para pagar intereses. Postergar una deuda significa generar otra. Pedir un préstamo para cancelar otro se convierte en una rueda que parece no tener salida.

Frente a esta realidad existen dos respuestas. El gobierno nacional sostiene que no es necesaria una intervención estatal sobre las deudas familiares porque la economía está mejorando. Así lo han planteado el presidente Milei y Martín Menem.

Pero la pregunta es sencilla: ¿mejorando para quién? Porque si la recuperación no llega al bolsillo de las familias, si los ingresos siguen siendo insuficientes frente al costo de vida y si el endeudamiento continúa creciendo, decir que la economía mejora puede ser correcto en un Excel y profundamente falso en una mesa familiar.

La Rioja decidió intervenir de otra manera. Declaró una emergencia de 180 días, impulsó modificaciones en las tasas de interés y planteó la necesidad de poner límites a la usura.No se trata de defender al Estado por el Estado mismo. Se trata de decidir de qué lado está el poder público cuando una relación económica deja de ser equilibrada. Porque cuando una familia está atrapada por una deuda imposible, hablar de libertad sin hablar de usura es una forma de mirar para otro lado.

La libertad tiene una dimensión económica. Un país sometido por su deuda pierde libertad. Una provincia sometida financieramente pierde libertad. Una familia sometida por los intereses pierde libertad.

Por eso, quizás la discusión más importante de este tiempo no sea quién habla más de libertad. Es quién está dispuesto a defenderla cuando tiene un costo político. Porque hoy la realidad parece mostrar una paradoja incómoda: Pierde la Nación, pierden las provincias y pierden las familias.

Y cuando todos pierden libertad, quizás haya que preguntarse quiénes son los que la están ganando.

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