Crisis de cuidados: el desafío de construir un sistema integral para las personas mayores
Mientras crecen las necesidades de cuidado, se reducen las redes familiares y retroceden las políticas públicas destinadas a sostenerlas. En pequeñas y medianas localidades, cooperativas y municipios construyen respuestas ante un problema que excede a las familias y plantea una pregunta de fondo: cómo garantizar el derecho a envejecer sin perder autonomía, vínculos y arraigo.
Argentina envejece a un ritmo acelerado. Entre 1947 y 2022 la población total se multiplicó por 2,9, mientras que la cantidad de personas de 60 años o más lo hizo por 7,5 y la de quienes superan los 75 años, por 11,5. La tendencia continuará: las proyecciones indican que, en la próxima década, la población de más edad superará en cantidad a la población joven. El cambio no es sólo demográfico. Una sociedad más longeva requerirá más apoyos para sostener la vida cotidiana y la autonomía, en un contexto en el que las familias son más pequeñas, el trabajo de cuidado continúa marcado por la informalidad y distintas políticas públicas destinadas a acompañar el envejecimiento se han debilitado o directamente eliminado.
¿Quién cuidará, entonces, a una sociedad cada vez más longeva? La pregunta obliga a mirar más allá de las familias y pensar cómo se distribuyen las responsabilidades entre el Estado, quienes realizan tareas de cuidado, los municipios y las organizaciones comunitarias. En esta Agenda Pública ponemos el foco en las tensiones que atraviesa el sistema de cuidados y en las desigualdades territoriales que condicionan el acceso, especialmente en pequeñas y medianas localidades, donde la falta de servicios puede obligar a buscar respuestas lejos del lugar donde se vive.
El envejecimiento argentino: magnitud, ritmo y desigualdad territorial
Hoy casi el 12% de la población tiene 65 años o más, una proporción que subió de manera sostenida entre los dos últimos censos, a medida que baja la natalidad y se extiende la esperanza de vida. Este proceso ubica a la Argentina entre los países de envejecimiento más avanzado de América Latina, junto con Uruguay, Chile y Cuba. Pero, como advierte la CEPAL, el envejecimiento “no se manifiesta de manera uniforme ni unidireccional”: el promedio esconde diferencias en la velocidad y la intensidad del proceso, no sólo entre países sino también entre ciudades y entre grupos sociales.
En Argentina, si miramos por distritos, la Ciudad de Buenos Aires es la región más envejecida: un 17% de sus habitantes supera los 65 años, seguida por provincias como Santa Fe, La Pampa y Córdoba, donde ese grupo no llega al 12%, mientras el norte conserva una estructura más joven. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que releva grandes y medianos aglomerados de todo el país, encontró que residir en ciudades medianas y pequeñas del interior aparece como un factor de desventaja específico para las personas mayores. Vivir la vejez lejos de los grandes centros, donde las redes de proximidad y la oferta de servicios son más accesibles, tiene un costo que las estadísticas nacionales no muestran. No solo la baja de natalidad explica el envejecimiento de localidades pequeñas y rurales del país, en muchos casos el motor de esa disparidad es la migración interna de los jóvenes, quienes se trasladan a ciudades más grandes en busca de trabajo o estudio y luego no regresan a su lugar de origen.
Familias que se achican, cuidado feminizado e informal
La pregunta por quién cuida hoy tiene, en la Argentina, una primera respuesta incómoda: cada vez menos manos, y casi siempre las mismas. El arreglo implícito que durante décadas resolvió el cuidado de las personas mayores, en la familia, y dentro de ella bajo la responsabilidad de sus integrantes mujeres, descansa sobre una base cada vez más angosta. María Laura Oliveri en el informe “Envejecimiento y Atención a la Dependencia en Argentina” explica la reducción de la disponibilidad de personas destinadas al cuidado, producto de familias con menos integrantes y del crecimiento de la inserción laboral de las mujeres, antes dedicadas casi exclusivamente a las tareas de cuidado.
De esta manera, en este cambio generacional y cultural nos encontramos con una realidad en la que uno de cada cuatro mayores de 65 años vive sin nadie más en su casa, y entre quienes superan los 80 esa proporción llega al 36%. En 2012, el INDEC realizó la primera y hasta el momento única Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM). Entonces, un 10% de las personas de 60 años o más tenía dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria y un 22% para las instrumentales. Relevamientos posteriores del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) permitieron sumar otra dimensión al problema: las condiciones de vida durante la vejez están atravesadas por fuertes desigualdades en las redes de apoyo y los recursos disponibles, de modo que necesitar ayuda no tiene las mismas consecuencias para quienes cuentan con vínculos familiares y sociales de sostén que para quienes carecen de ellos.
Por otro lado, el trabajo de cuidado en casas particulares lo realizan casi exclusivamente mujeres. No se trata de una inclinación natural sino de una reproducción de una asignación social: la responsabilidad del cuidado se naturaliza como decisión individual de las mujeres cuando en realidad responde a restricciones estructurales, y esa misma lógica empuja hacia una inserción laboral de peor calidad, con más informalidad e ingresos más bajos. En relación a las cuidadoras, el resultado está a la vista en el sector: entre el 75% y el 77% de esas trabajadoras no está registrada, por lo que además de salarios poco acordes a la importante tarea que realizan no cuentan con obra social ni aportes jubilatorios.
Para quienes ejercen el cuidado dentro del sistema, el camino tampoco es fácil. Los nomencladores de pago de las obras sociales no se actualizan y reconocen muy poco. Según un informe publicado por DiarioAr un estudio sobre cuidadoras domiciliarias de La Plata encontró que quienes trabajan a través de la obra social provincial, con jornadas de hasta 72 horas semanales, cobran en promedio apenas el 44% de la canasta básica. La misma precariedad se identifica en testimonios de cuidadoras de todo el país.
Políticas que desaparecen y el costo de acceder
Lo que hace el Estado, en los últimos dos años, es sobre todo retirarse. Antes de diciembre de 2023 existían unas 50 políticas nacionales de cuidado; el monitoreo trimestral que realiza el CELS a través del espacio La Cocina de los Cuidados registró su caída sucesiva: al cierre del primer año de gestión sólo quedaban cinco vigentes, cuatro hacia junio de 2025 y apenas tres activas para septiembre de ese año. El repliegue se inscribe en el programa de déficit cero del gobierno de Javier Milei, que defiende el ajuste como condición para ordenar las cuentas públicas y que en su primer año implicó una caída del gasto público del 26,9%, el mayor recorte en décadas. En ese proceso, según el CELS, unos 2,86 millones de personas perdieron al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias.
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), la mayor institución de cuidado para las personas mayores del país, concentra buena parte de ese retroceso. Según el relevamiento de La Cocina de los Cuidados, los subsidios del organismo para contratar cuidadores cayeron un 18% en un año y las camas que financia en residencias de larga estadía bajaron de 22.000 a 17.000. El capítulo más sensible es el de los medicamentos: el Gobierno dio de baja el plan “Vivir Mejor”, que garantizaba el acceso gratuito, y lo reemplazó por un subsidio social sujeto a evaluación socioeconómica. El PAMI defiende el cambio como una manera de dirigir la cobertura a quienes más la necesitan; su efecto medible, según el mismo relevamiento, es que las personas mayores con medicamentos cubiertos pasaron de 4,6 a 3,8 millones.
El piso de ingresos que debería amortiguar todo esto tampoco alcanza. En agosto de 2026 la jubilación mínima es de 489.775 pesos: un haber de 419.775 pesos más un bono de 70 mil pesos que está congelado desde marzo de 2024 y que para comienzos de 2026 había perdido más de la mitad de su poder de compra. La Pensión Universal para el Adulto Mayor, destinada a quienes nunca reunieron los aportes, equivale apenas al 80% de ese mínimo. Y la puerta que había permitido jubilarse a la mayoría de las mujeres se cerró: seis de cada diez jubiladas habían accedido a través de la moratoria previsional, hoy derogada, mientras que sólo el 23% de las mujeres que hoy cumplen 60 años reúne los más de 30 años de aportes que exige el sistema sin ese mecanismo.
Frente a estos datos, el costo de cuidar resulta complejo de afrontar. Un geriátrico en la Ciudad de Buenos Aires cuesta entre 1,3 y 5,5 millones de pesos por mes; en una ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires, entre 600 mil y 800 mil, una cuidadora domiciliaria registrada percibe alrededor de 490.000 pesos; y el subsidio del PAMI para un auxiliar domiciliario cubría cerca de 200.000 pesos, con acceso restringido. La jubilación mínima equivale casi exactamente al salario mensual de una sola cuidadora registrada.
¿Qué tipo de infraestructura para contener la demanda?
El crecimiento de la población mayor plantea un desafío que no se limita a contar con más plazas en residencias geriátricas. También obliga a preguntarse qué dispositivos existen para acompañar distintas situaciones de autonomía y dependencia, qué capacidad tiene el Estado para regularlos y controlarlos y qué alternativas permiten que las personas envejezcan sin abandonar necesariamente su entorno y su comunidad.
Mendoza ofrece una radiografía de uno de esos problemas. Según datos de la Dirección de Adultos Mayores, de alrededor de 600 residencias registradas apenas el 30% cuenta con habilitación definitiva. La situación llevó incluso a que en 2026 comenzara a discutirse en la Legislatura provincial un nuevo régimen integral para las residencias geriátricas, con mayores exigencias de registro, infraestructura, accesibilidad, personal y controles periódicos. La existencia de establecimientos que funcionan sin completar su habilitación muestra una tensión difícil de resolver para las familias cuando la oferta legal y accesible no alcanza.
El problema también aparece, con otras características, en las grandes ciudades. En Mar del Plata, una de las ciudades más envejecidas del país (el 25,8% de su población tiene 60 años o más), el crecimiento de la demanda convive con dificultades para conocer y controlar la totalidad de la oferta. Ante esa problemática, en abril de 2026, el Concejo Deliberante aprobó la conformación del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores para fortalecer políticas públicas destinadas a la tercera edad.
El desafío, no obstante, no pasa únicamente por aumentar la cantidad de residencias, sino por garantizar condiciones adecuadas, diversificar los dispositivos disponibles y, sobre todo, pensar alternativas para personas mayores que necesitan algún tipo de acompañamiento pero que no requieren (o no desean) vivir en una institución. En esa discusión resulta interesante la experiencia de Tapalqué, una localidad de unos 11.000 habitantes del centro de la provincia de Buenos Aires. Desde 2009 funciona allí el Complejo de Adultos Mayores, una de las pocas experiencias públicas de vivienda colaborativa asistida del país. En un predio de tres hectáreas, 27 viviendas equipadas permiten que alrededor de 32 personas mayores autoválidas que no pueden sostenerse únicamente con su jubilación mantengan una vida independiente sin alejarse de su comunidad.
Bajo un contrato de comodato, cada residente aporta la mitad de su haber previsional y el municipio cubre los servicios de luz, gas y agua, además de enfermería, limpieza, mantenimiento, seguimiento clínico y nutricional y el almuerzo diario. El complejo cuenta también con centro de día, huerta, pileta, talleres y servicios de rehabilitación. La demanda, además, viene creciendo: durante 2024 su área de rehabilitación realizó 6.224 atenciones, 1.074 más que el año anterior, lo que llevó al municipio a incorporar una kinesióloga y ampliar el espacio destinado a esas actividades.
La experiencia no ofrece una solución trasladable automáticamente a cualquier municipio ni reemplaza la necesidad de residencias de larga estadía para quienes requieren cuidados permanentes. Pero sí permite introducir otra pregunta: ¿qué infraestructura necesita una sociedad que envejece para que una persona pueda permanecer autónoma durante más tiempo? Entre vivir completamente sola y trasladarse a una residencia existen alternativas (viviendas asistidas, centros de día, cuidados domiciliarios y espacios comunitarios) que pueden acompañar distintos grados de autonomía.
Hacia una red territorial de cuidados
En las pequeñas y medianas localidades, la necesidad de garantizar cuidados empieza también a ser asumida como un problema de toda la comunidad. Allí, la ausencia de residencias o la falta de plazas no implica solamente conseguir dónde alojar a una persona mayor: muchas veces obliga a trasladarla a otra ciudad, alejándola de su familia, sus vínculos y el lugar donde transcurrió buena parte de su vida. Frente a esa realidad, algunas cooperativas comenzaron a incorporar el envejecimiento a su agenda de necesidades locales.
En Vicuña Mackenna, Córdoba, la Cooperativa de Electricidad y Anexos impulsa una residencia integral de 50 plazas ante la falta de lugares disponibles en la región y la necesidad de que las personas mayores no tengan que abandonar su localidad para recibir cuidados. Algo similar ocurre en Berrotarán, donde la cooperativa eléctrica proyecta una residencia de 56 plazas: en un pueblo de alrededor de 9.000 habitantes, las dos instituciones existentes no alcanzan para cubrir la demanda y ya hay personas en lista de espera. Otro caso es el de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando, Córdoba, que participa en la Fundación Hernando, institución de la que depende la residencia para adultos mayores. En julio de 2026 ya tenía 37 plazas ocupadas y lista de espera, y se encontraba trabajando para ampliar la capacidad a 40 residentes. Otra experiencia que articula con otras organizaciones presentes en el territorio se encuentra en Macachín, La Pampa, donde la cooperativa local impulsó una Casa de Ancianos destinada principalmente a sus asociados, aunque también puede recibir a otras personas de la comunidad de existir disponibilidad. La gestión del establecimiento está a cargo de la Congregación Hermanas Albertinas Siervas de los Pobres, responsable de la atención de quienes residen allí.
Son experiencias todavía acotadas, pero muestran una particularidad del cooperativismo en estos territorios: por su cercanía con los asociados y su inserción en la vida cotidiana de las localidades, las cooperativas pueden detectar necesidades que exceden los servicios que tradicionalmente prestan y convertirlas en problemas colectivos. En este caso, cuidar significa también preservar los lazos comunitarios y evitar que necesitar asistencia durante la vejez implique necesariamente alejarse del lugar, los afectos y las redes construidas durante toda una vida.
También existen experiencias cooperativas que buscan sostener el cuidado allí donde viven las personas mayores. Es el caso de Cuidar, una cooperativa de Viedna, integrada por cuidadoras y cuidadores, que brinda acompañamiento domiciliario con el objetivo de favorecer que las personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, preservando su autonomía.
Ahora bien, la construcción de una red territorial de cuidados no puede depender de la capacidad económica, organizativa o solidaria que tenga cada comunidad. Tampoco las experiencias cooperativas o municipales pueden ocupar el lugar de una política pública nacional. Desde 2023, el Gobierno nacional redujo programas de cuidado, subsidios y prestaciones mientras aumenta la cantidad de personas que necesitan algún tipo de apoyo. El resultado es que una responsabilidad que debería contar con una política estatal sostenida se desplaza cada vez más hacia las familias, las trabajadoras del cuidado y los territorios locales, profundizando las desigualdades entre quienes cuentan con recursos y redes de contención y quienes no.
Es el Estado nacional el que tiene que garantizar la posibilidad de envejecer con autonomía, cerca de los propios vínculos y dentro de la comunidad de pertenencia. En definitiva, cumplir con la función de garantizar el derecho a una vejez digna.
Te puede Interesar
Policiales
Arte y Cultura
Deportes
Nacionales
