El Gobierno oficializó la adhesión de la minera Vicuña Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras la aprobación de la obra eléctrica, mediante la Resolución 1154/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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La medida instrumentada por el Ministerio de Economía se da luego de que el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) haya avalado el plan de expansión eléctrica de la minera rechazando todas las impugnaciones presentadas.

El proyecto Vicuña representa una de las apuestas productivas más importantes del país, con una inversión de US$9.737 millones. De ese monto, las inversiones en activos computables ascienden a US$9.024 millones, las cuales se ejecutarán en dos etapas que se extienden hasta diciembre de 2031.

El objetivo central es la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan.

El emprendimiento es calificado como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) dentro del sector minero ya que busca “posicionar a la República Argentina como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales de cobre y doré”.

Desde el Gobierno consideran que la iniciativa “marca un antes y un después en la industria minera argentina” y estimaron que “generará exportaciones por más de US$2.600 millones al año y 31.700 empleos directos e indirectos”.

El plan de inversión no solo se limita a la extracción, sino que contempla operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación y sistemas de suministro de agua e infraestructura eléctrica, caminos de acceso y alojamientos para los trabajadores.

Además, el proyecto incluye activos en etapa de prospección y trabajos de sondaje para determinar fuentes adicionales de agua, así como la exploración de otras concesiones mineras que integran el bloque.

Al ser aceptada en el RIGI, Vicuña Argentina accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios. Entre ellos, se destaca el beneficio de libre disponibilidad de cobros de exportaciones, tras confirmarse que el proyecto no genera distorsiones en el mercado de cambios local. También se aprobó un listado de mercaderías y servicios que la empresa podrá importar bajo franquicias especiales.

La resolución establece que la empresa deberá acreditar una inversión de al menos el 20% del monto mínimo durante los primeros dos años, fijando el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el compromiso de inversión mínima en activos computables.

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