El presidente del Tribunal de Cuentas dela Rioja, Cr. Jorge Menem, destacó la puesta en vigencia de la nueva Ley Orgánica del organismo, que comenzó a regir el pasado 1 de abril, tras haber sido sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados durante 2025.

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Para empezar, Menem explicó que la normativa profundiza el proceso de modernización y digitalización que el organismo viene desarrollando desde hace aproximadamente seis años, incorporando nuevas herramientas para fortalecer el control y la transparencia en la gestión pública.

En ese sentido, recordó que el Tribunal de Cuentas mantiene desde hace unos 20 años un sistema de control preventivo, que consiste en supervisar el acto administrativo que autoriza la ejecución de fondos públicos.

"Es el mejor proceso porque permite validar si el trámite está correctamente iniciado y si corresponde su ejecución", señaló. Sin embargo, advirtió que existía un vacío entre la autorización del gasto y la posterior rendición de cuentas.

"En ese tramo perdíamos la trazabilidad de los fondos, es decir, no podíamos verificar de manera inmediata si se aplicaban correctamente, si las compras realizadas eran las adecuadas o si los bienes y servicios adquiridos cumplían con la cantidad y calidad requeridas", explicó.

Frente a esta situación, la nueva ley incorpora el denominado control concomitante, que faculta al Tribunal a realizar microauditorías durante la ejecución de determinados procesos para verificar el correcto uso de los recursos públicos y, en caso de detectar irregularidades, intervenir oportunamente.

Asimismo, Menem indicó que otro de los ejes centrales de la normativa es el fortalecimiento de la transparencia institucional. En este marco, se promueve la difusión de fallos y resoluciones del organismo, además de la actualización permanente de los canales de comunicación y redes sociales para garantizar un mayor acceso de la ciudadanía a la información pública.

Por último, destacó que los distintos organismos provinciales vienen acompañando el proceso de transformación digital impulsado por el Tribunal, aunque reconoció que aún persisten desafíos vinculados a la implementación y adaptación de las nuevas tecnologías.

En otro tramo de sus declaraciones, Menem se refirió a las críticas formuladas desde el Gobierno nacional y sostuvo que toda administración pública debe estar sujeta a mecanismos de control. En ese sentido, señaló que, a diferencia de las provincias, la Nación no cuenta con un organismo de control externo equivalente a los tribunales de cuentas provinciales desde la desaparición del Tribunal de Cuentas de la Nación en 1994.

Además, explicó que actualmente la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realiza controles internos sobre áreas específicas mediante muestreos, mientras que la Auditoría General de la Nación (AGN) lleva adelante auditorías externas cuyos informes suelen reflejar gestiones de varios años atrás.

Por ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos de control sobre la administración de los fondos nacionales y afirmó que quienes gestionan recursos públicos no deberían mostrarse incómodos ante la posibilidad de ser investigados o auditados.

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