
Con las últimas medidas que tomó el Gobierno nacional quedó más que claro que el modelo beneficia a los sectores más poderosos de la economía de Argentina y del extranjero sostenido por un sistema político de la derecha liberal y neoliberal liderado por el poder empresarial con apoyo judicial y mediático.
En estos días sumó el declarado apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que aprobó la segunda revisión del programa con Argentina, destrabando un desembolso de mil millones de dólares y un elogioso discurso de la directora gerente Kristalina Georgieva a la estabilidad macroeconómica, desinflación y equilibrio fiscal. Con falsa condescendencia, Kristalina pidió proteger a los sectores vulnerables preservando el gasto social prioritario para "ganar el apoyo de la gente" y que el esfuerzo y el costo social (por recorte de ingresos) sean socialmente sostenibles. Igual de poca credibilidad las observaciones por casos de corrupción y falta de transparencia en el gobierno de Milei.
Pidió más ajuste
El FMI que reconoció que el ajuste fue “drástico” no lo consideró suficiente y dejó junto al informe de aprobación de la marcha de la economía una extensa lista de nuevas medidas: más acumulación de reservas (para pagar los préstamos que el propio FMI otorgó a Argentina), eliminación de impuestos provinciales y municipales, ampliación de la base imponible para que más trabajadores paguen ganancias, subas al monotributo, ajustes al gasto jubilatorio, entre otros. Todo para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y ampliar la recaudación hasta 3,3 puntos del PBI que también serán recursos para pagar la deuda.
Tanto pidió el FMI que hasta el gobierno se espantó y salió a explicar que no consideran necesario hacer modificaciones a Ganancias y Monotributo, por ejemplo.
Ganancias cuando finalizó el gobierno de Macri se les descontaba a dos millones y medio de trabajadores; en la gestión de Fernández se redujo a 90 mil y ahora con Milei -rebautizado Ingresos Personales con la Ley Bases- creció a un millón doscientos mil trabajadores incluidos jubilados. El monto mínimo del salario imponible ronda en, más o menos, según la categoría, en 3 millones de pesos.
Con el monotributo la situación es más grave porque el sistema da protección legal, obra social, jubilación, simplificación administrativa de impuestos, habilitación a facturar y acceso al crédito a las empresas Pymes. Tan beneficiosos que actualmente casi 5 millones de trabajadores están incluidos en el régimen, de los cuales el 85% paga el mínimo, calculado en unos 42 mil pesos con una actividad económica que genere 10 millones de pesos mensuales, beneficiarios que tendrán serias dificultades si son obligados a acceder al régimen general como pretende el FMI para ampliar la recaudación. Aunque el sistema acumula críticas por distorsión en las cifras de desempleo, evasión de cargas sociales, laborales y previsionales entre otras, si se modifica o elimina dejará millones de personas en la informalidad.
Contra las mayorías
El gobierno nacional no solo toma medidas concretas para un nuevo ajuste al sector estatal, que ya están en marcha en algunos casos, sino que hay proyectos destinados a disminuir aún más los ingresos de las familias en el país y en La Rioja cuyos salarios públicos y privados arrastran una pérdida del 30 al 40 por ciento desde el mismo momento que asumió Milei en diciembre del 2023. Entonces, por los efectos de la devaluación del 118% en el tipo de cambio oficial que llevó el dólar de 366 pesos a 800 y la inflación al 25% licuó los salarios.
Con dos años de ajuste al Estado, el gobierno alcanzó el déficit cero y la baja de la inflación. No conforme inauguró ahora otra batería de medidas como la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte que eliminó subsidios a las empresas de ómnibus de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
En ese contexto, el Gobierno nacional se vanagloria de un superávit fiscal que consiguió sacando recursos a los que menos tienen y no por generación de riqueza genuina o producto del crecimiento y desarrollo económico del país.
Si se analiza una sola medida, de las tantas que se presentan para atraer inversiones y generar empleo es posible observar cómo se beneficia a empresas extranjeras y se desfinancian sectores económicos locales.
Por caso, el Super RIGI, cuyo proyecto envió el gobierno al Congreso que prevé la baja del Impuesto a las Ganancias al 15% (máximo actual 35%), 0% de derechos de exportación (actual hasta 10%) y alícuota única del 10% por contribuciones patronales (actual es 18 al 20%). Esta fuerte rebaja impositiva afectará a las provincias, a los municipios y al Tesoro Nacional por baja de la recaudación para coparticipar. Afectará directamente los haberes de jubilados y pensionados por desfinanciación al Sistema de Seguridad Social al bajar las alícuotas patronales.
Hasta la justicia en contra
Lo más complejo es que un futuro gobierno con una mirada más social no podrá revertir estas garantías, inmunidades y prerrogativas legales a las inversiones porque se extenderán por 30 años. Tampoco la Justicia argentina es un reaseguro en defensa de los derechos de los trabajadores y menos de los recursos naturales del país.
Los últimos fallos de los magistrados y más aún de la Corte Suprema han sostenido las políticas liberales y los efectos del ajuste aún a costa del perjuicio de la población. Ocurrió con la reciente resolución de los supremos que como denunció el ex senador Jorge Yoma hizo “desaparecer” una demanda de La Rioja contra el Estado Nacional por una deuda de USD 1.500 millones (actualizados) según Leyes de Presupuesto 2023/24/25 (Artículo 83) postergando la decisión al unificar esta causa con otra similar, pero de distinto origen y que lleva diez años encajonada. Esta intervención de la Corte en el caso riojano no es inocente, es una postura política e ideológica que muestra el apoyo al económico liberal, neoliberal y ahora anarco libertario que ataca derechos laborales, sociales, culturales y de ocio-recreativo y desmantela programas de protección y contención a los más vulnerables.
El cambio es político
Entre quienes siguen apoyando al Gobierno con la convicción de que las políticas neoliberales llevarán al crecimiento y desarrollo del país; los que lo siguen por odio o por antiperonismo; los que aprovechan el consenso social para conservar el poder en manos de la derecha y el mercado libre y los que abogan por políticas de justicia social ya comenzaron a debatirse candidaturas para el próximo año electoral. Ningún sector prevalece por ahora.
La Libertad Avanza a nivel nacional, acosada por el termómetro callejero ante la brutal caída de los ingresos; los números negativos de las encuestas que pululan en los medios de comunicación y una interna que no cesa entre quienes ya comenzaron a cuestionar y los que pretenden referenciarse como herederos para el año próximo, ha ratificado a rajatabla el proyecto, según palabras del propio presidente de la Nación.
La oposición sigue diversificada como ya se anticipó en esta misma columna entre radicales, peronistas, del PRO, partidos provinciales y otras fuerzas que no encuentran el camino para atender las nuevas demandas sociales o desprenderse de los prejuicios políticos que los identifica con la “casta política”; la mayoría mimetizados con un poder que no les pertenece porque responde a la derecha liberal, neoliberal y anarco libertaria.
Buscando el rumbo
La Rioja, con diferentes intereses no escapa a esta posición tanto que la oposición todavía está dispersa entre la Unión Cívica Radical que pretende tener un proyecto propio y por si acaso aliarse a lo que aparezca; el PRO que ha perdido gran parte de la militancia y no resurge; la movilización de ex peronistas en busca de volver a posicionarse y La Libertad Avanza que intenta sacar provecho de su fuerte presencia en la Legislatura con proyectos altisonantes pero internamente acusados de convivir con prácticas de la política tradicional como nombrar familiares, persecuciones a traidores y desleales e incumplimientos de ayudas y cargos.
En el peronismo, solo sigue muy activo el quintelismo, no tanto por la renovación de autoridades del PJ sino como armonizar la convivencia con tantos candidatos/candidatas a la gobernación. Todos los días aparece uno más. El gobernador dio espacio a las tres mujeres más visibles en cuanto acto oficial se realizó durante la semana.
La última reunión militante fue el 3er encuentro del Programa de Formación Política y Gobernanza Local que encabezó el intendente de Capital que incluyó muchos jóvenes. Armando Molina informó que se trató de un “cruce generacional, intercambio de miradas, ideas y análisis profundo de la coyuntura actual” más el análisis de la Constitución, pero no trascendió si se debatió como cumplir los derechos sociales que expresa y la relación con el poder capitalista.
En tanto, gran parte del electorado sigue crítico de cuanto encuentro político expresándose con odio, ira y rechazo o que “no sirven para nada”, “corruptos” “viven de nuestros impuestos” sin considerar fundamentos ni quienes son los dueños del verdadero poder económico.
Es solo un modelo mediático de libre expresión exacerbado por comunicadores propios y ajenos que “meten a todos en la misma bolsa” en el afán de consolidar el poder empresarial argentino y extranjero junto al poder político de la derecha y el FMI. Un modelo económico que ajusta a las mayorías y descarta a los vulnerables.